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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) habló sobre el proyecto de ley que plantea modificar artículos del Código Procesal Penal para cambiar los plazos procesales con el argumento de combatir la morosidad judicial, una propuesta que -a juicio de la legisladora- “no es la solución” ante problemas estructurales que causan esas dilaciones en los procesos.
El proyecto de ley, impulsado por el diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) y muy cuestionado por gremios de magistrados judiciales, fiscales y abogados particulares, plantea un peligro de “blanqueo masivo” de un enorme número de casos que, por problemas de falta de recursos u otros, superaron el plazo de 90 días para desestimar una denuncia.
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La diputada opositora argumentó que es necesario “sentarse a ver los problemas estructurales que llevan a estas dilaciones” y señaló que “en ese sentido tienen “gran responsabilidad” los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
“Si faltan jueces, que planteen los números; si el problema son las chicanas, existen medidas para sancionar o aplicar restricciones; si el problema es la morosidad judicial basada en sobrecarga de trabajo, solicitar más jueces o fiscales; si la cuestión es que los jueces o fiscales no van a trabajar, existen medidas disciplinarias”, dijo.
“Acá lo que falta es más control y establecer las causas reales (de la demora en los procesos)”, subrayó.
“Pone en riesgo todos los casos”
La diputada Vallejo señaló que la ley planteada por el diputado Rodríguez, al ser aplicable retroactivamente, “pone en riesgo todos los casos” en el sistema judicial, ya que “no creo que haya uno en que no exista algún tipo de mora”.
Comentó que el diputado cartista impulsor del proyecto accedió a restaurar en cuatro años el plazo de duración máxima de los procesos –en el proyecto original se planteaba reducirlo a tres–, pero señaló que “la trampa” está en que los incidentes que se planteen van a detener el plazo solo durante el tiempo establecido por la ley.
Puso como ejemplo las apelaciones, que por ley deben resolverse en 15 días. Sin embargo, en la práctica muchos recursos de ese tipo pueden llevar años en una instancia, y en un caso como ese la cuenta regresiva a los cuatro años se aplicaría después de los 15 días.
La legisladora dijo coincidir con su colega colorado en que “el justiciable debe tener una respuesta” y garantías, pero señaló que un proceso penal tiene dos partes: el justiciable y una víctima que también merece una respuesta adecuada a su denuncia.
“Yo no voy a ser responsable de aprobar una ley que termine el proceso a todos los delincuentes de este país, muchos con condena”, agregó.
El problema de los recursos
La diputada se centró en el problema de la falta de recursos humanos en el Ministerio Público para llevar adelante los procesos en los plazos adecuados.
Como ejemplo, señaló que en el departamento de Concepción la Fiscalía solo tiene un psicólogo -que además debe cubrir el departamento de Alto Paraguay- para atender y evaluar casos de violencia familiar o abuso sexual en niños.
“No desconocemos el problema, pero esta no es la solución. Estoy en contra, no voy a ser responsable de que muchísimas víctimas queden sin respuesta a sus casos”, insistió.
Dijo que es necesario que una ley de este tipo sea “consensuada” con todos los actores judiciales y políticos, teniendo en cuenta los problemas estructurales que resultan en el colapso del sistema judicial, con audiencias públicas y transparencia por parte de las autoridades que deben explicar las razones detrás de la morosidad.
“El tema de los recursos es una realidad, nos guste o no”, añadió. “(La Fiscalía) tiene que pedir suficientes técnicos, psicólogos, peritos; si no, van a llevar las causas mal y van a ser todos absueltos”, advirtió. “Con esta ley te vas a quedar sin gente en las cárceles y sin causas en muchos juzgados y fiscalías, pero no sé si es la solución real”, concluyó.