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La reforma más importante la planteó la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que incluyó como pasible de sanción penal no solo al que excluye de manera irregular a un beneficiario, sino también al que incluya “por la ventana” a alguno.
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El punto es importante, ya que si bien se elimina el censo, el Ministerio de Desarrollo Social incluirá con cuentagotas a nuevos beneficiarios, a razón de hasta 30.000 por año, pero hay una lista de espera de al menos 185.000 personas.
La diputada cartista y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba, se allanó a la modificación del artículo 14, con lo que se plantea castigar con pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa, tanto al que incluya como al que excluya beneficiarios de manera irregular.
Un fuerte debate se produjo también en el artículo 3º, que establece los años requeridos para la inclusión automática como beneficiario, y también el monto.
El diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) planteó eliminar el límite de edad para los beneficiarios con discapacidad severa, pero se dejó en 60 años. Adultos mayores en general podrán calificar para el beneficio desde 65 años.
Diputados liberales también pidieron subir el monto del subsidio del 25% del salario legal vigente (G. 699.577) al 50% (G. 1.399.154), pero se rechazó por falta de fondos.