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En el décimo punto del orden del día de la sesión de Diputados, convocada hoy para las 09:00, se incluyó el tratamiento del proyecto de ley “que modifica los artículos 6º (de la inviolabilidad de la defensa), 136 (de la duración máxima del procedimiento) y 305 (de la desestimación) de la Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal”. Básicamente plantea cambiar los plazos procesales, algo que fue alertado de riesgoso para el “blanqueo” por gremios de magistrados, fiscales y abogados particulares.
Ante las críticas, ayer el proyectista, diputado Derlis Rodríguez (ANR, Honor Colorado), presentó una serie de propuestas de modificación ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Legislación, habiendo esta última solicitado mayor tiempo (y que hoy se postergue su tratamiento) para realizar los ajustes.
Pese al pedido de postergación, Rodríguez afirmó que buscará con la bancada de Honor Colorado que en la fecha se apruebe en general, y en todo caso postergar el estudio en particular (artículo por artículo).
Rodríguez explicó que los cambios que plantea a su proyecto finalmente no modificaría los plazos actualmente establecidos en el artículo 136 del CPP, es decir, se mantendrían el plazo máximo de 4 años para causas tanto iniciadas por acción penal pública como privada.
Inicialmente la intención era reducir a 3 años para casos de acción penal pública y a 1 año y 6 meses para acción penal privada.
Algo en lo que sí insiste en modificar es el artículo 305 “de la desestimación” por parte del Ministerio Público, que actualmente no tiene plazo establecido para imputar o desestimar una denuncia.
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Este fue uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Rodríguez, ya que inicialmente planteó imponer a la Fiscalía un plazo de apenas 30 días para que impute o desestime una denuncia, plazo advertido de ínfimo e irrisorio sobre todo para casos complejos como crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico e incluso abuso de menores.
A fin de aminorar las críticas, ahora Rodríguez propone fijar dicho plazo en 90 días, plazo que de vuelta podría ser razonable para hechos bagatelarios, no así para los delitos complejos, e incluso los de abuso, donde antes de imputar, se suelen solicitar exámenes físicos y psicológicos, lo cual suele demorar por falta de personal en la Fiscalía.
En audiencia pública previa, diversos gremios advirtieron riesgo de “blanqueo” mediante la prescripción de casos, que es masivo, ya que al ser favorable para los encausados, sería de aplicación retroactiva.
Cuestionada repartija presupuestaria
La Cámara de Diputados tiene previsto tratar hoy una serie de proyectos de ampliación presupuestaria para diversas instituciones, varias de ellas muy cuestionadas. El monto más significativo corresponde al Instituto de Previsión Social (IPS), que solicita la sideral suma de G, 1,6 billones de fondos propios, proyecto que se encuentra en su primer trámite legislativo.
Estos G. 1.679.336.071.849 requeridos por la previsional son para destinarlos en un 94% para pago a jubilados y pensionados de la institución, y el restante a gastos operativos, entre ellos, pago para gratificación de policías que resguardan las sedes del IPS.
Otro punto sumamente cuestionado es la ampliación a ser otorgada al cuestionado nuevo titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Javier de Jesús Esquivel, que apenas asumió ya ubicó a familiares a su cargo.
A este pretenden otorgarle G. 20.060.000.000 de fondos de impuestos (Fuente 10) para gastos corrientes, entre ellos salarios, combustibles, insumos y otros. Este pedido ya cuenta con media sanción del Senado.
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También otorgarían unos G. 252.200.000 para “desprecarización laboral” en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Otra medida bastante controversial, al menos en el debate en la sesión pasada, es el proyecto de ley “que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”.
Esta iniciativa, con fuerte tufo proselitista, pretende conceder más poder al Ministerio de Desarrollo Social, actualmente a cargo de Miguel Tadeo Rojas, para repartir el subsidio a adultos mayores.
Varios proyectos al filo de sanción ficta
En el orden del día de la sesión de Diputados figuran además otros proyectos de ley que vienen siendo postergados hace tiempo, algunos con riesgo de sanción automática si no se tratan en la fecha.
En el punto 11 figura el proyecto de ley del cuestionado diputado cartista Yamil Esgaib, “que establece la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos”.
El mismo retorna tras el rechazo en Senado y tiene sanción automática en la fecha, por lo que de no tratarse, se considerará aceptado el rechazo, con lo que pasará al archivo.
Mismo panorama para el proyecto de ley “que modifica el artículo 9° de la ley n° 4493/2011, ‘que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las fuerzas públicas”.
Este básicamente busca conceder una “ayuda económica” equivalente al 10% (diez por ciento) del salario mínimo legal vigente a policías y militares para que contraten un seguro de salud.
El proyecto había sido rechazado previamente por el Senado ante la falta de recurso financieros para cubrir este beneficio. Si la Cámara Baja no ratifica también terminará en el archivo.