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El proyecto de ley presentado por el diputado cartista Derlis Rodríguez, “que modifica los artículos 6º (de la inviolabilidad de la defensa), 136 (de la duración máxima del procedimiento) y 305 (de la desestimación) de Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal”- que cambia los plazos procesales- volvió a ser incluido como 10º punto del orden del día de la sesión ordinaria fijada para mañana a las 09:00.
El pasado 17 de julio, por decisión del pleno y tras duras críticas de diversos gremios de magistrados, el proyecto de ley había sido devuelto a comisiones para emitir nuevos dictámenes y plantear reformas.
Hasta ayer, dichas reformas anunciadas por el proyectista Rodríguez no obraban en el expediente en línea del Sistema de Información Legislativa (SILpy), ni tampoco nuevos dictámenes de comisiones asesoras.
Los únicos pareceres emitidos hasta ahora son de las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Legislación, que coincidieron en recomendar el rechazo, respaldados en las numerosas críticas planteadas en la audiencia pública a la que se sometió el proyecto.
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Tocar plazos procesales es un “riesgo de blanqueo”
Según advirtieron en audiencia pública representantes de gremios como la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), del Colegio de Abogados del Paraguay y de la Fiscalía, el proyecto original representa un “riesgo de blanqueo” para casos complejos como los de crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico e incluso abuso de menores.
Si se llega a sancionar esta iniciativa del diputado cartista forzosamente se tendrá que aplicar la Constitución Nacional, que establece la retroactividad de la ley en el caso de ser favorable para el encausado.
En lo que se refiere al artículo 6 (de la inviolabilidad de la defensa), se pretende establecer que el proceso empieza a correr desde el momento en que se reciba la denuncia, ante lo cual algunos consideran deben darse al menos desde la imputación fiscal.
Otro punto muy cuestionado es que se pretende obligar a la Fiscalía General del Estado a decidir en el exiguo plazo de 30 días si imputa o desestima la denuncia contra una persona. Hasta el momento, la investigación no tiene plazo. Verbalmente, el proyectista planteó elevar dicho plazo a dos meses.