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El diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) convocó para hoy a una audiencia pública sobre el proyecto de ley impulsado por el cartismo de control a organizaciones no gubernamentales (ONG), en el cual se espera que ya participen altas autoridades del Ejecutivo, luego de una primera mesa de trabajo con los afectados, donde se advirtió que se trataría de una “ley garrote”.
Puntualmente, fueron invitados el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; la ministra secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz; el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y al asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.
Hasta ayer, al menos ya se tenía la confirmación de la presencia del titular de la Procuraduría, González Maldonado, institución que emitió críticas al proyecto antes del tratamiento en el Senado, pero fueron ignoradas.
Entre los puntos más destacados, la Procuraduría recomendó excluir de la ley a las ONG nacionales e internacionales que administren fondos privados. Pero el cartismo insiste en controlarles porque “inciden en políticas públicas”.
Reforzando las sospechas de que se trata más bien de ley represiva antes que de control, se menciona que establece un régimen sancionatorio “excesivo”, al establecer multas muy elevadas, que dejarían imposibilitadas de operar a muchas ONG.
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El proyecto aprobado en Diputados establece que la multa será de 100 salarios mínimos (G. 279.830.900), sin importar los ingresos de cada organización, es decir, por igual a organismos con apoyo internacional y hasta comisiones barriales.
Abogados especialistas en Derechos Humanos y constitucionalistas advierten además la eventual inconstitucionalidad de la iniciativa legislativa, al violar varios artículos constitucionales, entre ellos, el 36 que se refiere al “derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada”.
Control a las ONG, aprobada a tambor batiente en Senado
El proyecto en discusión sobre el control al dinero que reciben las ONG ya fue aprobado en Senado, donde ni siquiera el cartismo sometió a audiencia pública previa, lo que generó críticas a nivel nacional e internacional. Este hecho obligó a Diputados, controlado también por el cartismo, a buscar forzosamente la opinión de afectados.
La Oficina de Naciones Unidas para DD.HH. emitió un comunicado solicitando el rechazo de la ley, reprochando la falta de debate abierto y la intención de establecer sanciones “desproporcionadas”, que podría desencadenar en la violación de derechos fundamentales, como la libre organización.