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La abogada Alejandra Peralta Merlo habló sobre la situación del fiscal Luis Said, quien se encuentra en la mira del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para su posible destitución en medio de irregularidades.
“Se está tratando un derecho fundamental que es la independencia de los magistrados de realizar sus investigaciones sin la presión de la injerencia política y la amenaza de destitución en caso de que no se dé el procedimiento como ellos desean”, afirmó Merlo.
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Destacó que, así como ocurre en diversas instituciones, existe un copamiento de poder. “Si las instituciones obraran conforme al derecho y a la justicia, en este estilo democrático, con Santiago Peña tenemos al primer presidente absolutamente legitimado y con mayoría suficiente para realizar cambios extraordinarios en la República del Paraguay”, comentó.
Sin embargo, advirtió que, si este poder concentrado en esta mayoría se utiliza para torcer la justicia y para el beneficio de unos pocos, estaríamos en la peor época de la democracia.
Merlo resaltó que “la mayoría es buena, en tanto se permita el ejercicio de la justicia; de lo contrario, se podrían ver consecuencias terribles como una dictadura”. En ese sentido, subrayó que el Ministerio Público tiene que hacerse escuchar.
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“Paraguay debería aprender de sus errores del pasado. Esto ya lo vimos en otros momentos de la historia, con otros fiscales y jueces que fueron destituidos cuando el poder político concentrado estaba en una o dos personas”, señaló.
Destitución puede abrir puertas peligrosas
Merlo advirtió que el caso de la posible destitución de Luis Said puede abrir puertas muy peligrosas para otros casos posteriores en los cuales políticos denuncien que el fiscal no imputó o realizó los actos que este político había querido.
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“Al no contar con las garantías del debido proceso, nosotros como ciudadanos no tenemos la garantía de acceder a una justicia imparcial”, agregó.
Luis Said ha sido protagonista de condenas importantes en relación con políticos colorados, pero sin duda el caso más exitoso y que lo expuso políticamente fue la condena a 11 años de prisión dictada el 15 de diciembre de 2023 contra Óscar Venancio “Ñoño” Núñez por lesión de confianza y administración en provecho propio.