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El plan es hacerlo en forma gradual, agregando unas 30.000 personas cada año, durante tres a cuatro años, empezando por los de mayor edad. Se eliminarán los cuestionados “censos”, pero se mantienen varios criterios.
Todo apunta a que dichos fondos serán usados por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en plena campaña con miras a las elecciones municipales del 2026.
Los requisitos actuales que se mantienen incluyen no percibir remuneración del sector público o privado, no ser contribuyente del impuesto a la renta personal, no haber declarado ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales y no poseer más de 30 cabezas de ganado.
La edad mínima de ingreso al programa se mantiene en 65 años, priorizando a las personas de mayor edad.
Se establecerá una meta de inclusión anual de 30.000 nuevos adultos mayores como mínimo.
Para las comunidades indígenas, el acceso al programa será a partir de los 55 años, y para personas con discapacidad, a partir de los 60 años.
Defensa Pública, con más dinero
El pleno de la Cámara Alta también aprobó el aumento presupuestario para este ejercicio fiscal del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), por G. 20.060 millones.
Esta entidad, otrora feudo del llanismo, fue tomada por el cartismo y luego fue denunciado que se produjeron más de 600 despidos.
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Según su carta orgánica, el ente judicial debe brindar asistencia y representación jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad.
El nuevo defensor general es Javier de Jesús Esquivel. Justificó que su nuera, María Celaida Núñez, de un salario de G. 3 millones haya sido ascendida a un “cargo de confianza” y percibir G. 22 millones como “secretaria privada”.
Esquivel fue camarista de Paraguarí y candidato digitado por el cartismo para el MDP, supuestamente a pedido del ministro Juan Carlos Baruja.