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Según el abogado constitucionalista y exsenador Hugo Estigarribia, la Comisión de Asuntos Constitucionales es “la primera comisión a la que se tiene que girar cualquier proyecto” y en el caso de la propuesta de controlar las ONG sería una “violación del reglamento interno” no hacerlo.
“Es muy grave eso por parte de la presidencia de la Cámara (a cargo de Raúl Latorre); tendrá sus razones, pero es absolutamente un acto de negligencia en sus funciones no girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales”, apuntó.
En referencia al proyecto en sí, reconoció que aún no realizó un “análisis profundo”, pero de igual manera ya adelantó que “viola varios artículos” de la Constitución Nacional, por lo que la ley es “absolutamente inconstitucional” y por esto corresponde el “rechazo in limine” del proyecto en la Cámara Baja.
“Latorre debe tener asesores jurídicos y tiene que girar a la comisión; si quiere omitir se empieza mal y lo primero que tiene que tener el legislador en la mano es la Constitución, esa es la base de su trabajo. Corresponde que la Cámara se tome su tiempo y rechace; si el presidente Peña promulga le vamos a agradecer los abogados porque vamos a ganar muchos honorarios con acciones de inconstitucionalidad. Es una barbaridad que no tiene nombre y hacen el ridículo; creo que otra vez es una patada por la cara del gobierno de Peña”, sentenció.
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Proyecto de control a ONG debe pasar por Asuntos Constitucionales
Por su parte, el diputado Roberto González, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aseguró que le extrañaba mucho que el proyecto para controlar a las ONG no haya llegado a la mencionada comisión.
“Se ha ido a cualquier otra comisión que no tendría razón, pero yo no pierdo la esperanza que se providencie y llegue hasta esta comisión para dictaminar. Nosotros estamos preparándonos para analizar sobre este proyecto y organizaciones sociales sin fines de lucro”, detalló.
Incluso, afirmó que “por la naturaleza del proyecto está claro que debe pasar” por Asuntos Constitucionales e indicó que la presidencia o la secretaría de la Cámara de Diputados deberían disponer el traslado.
Finalmente, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, en un aparente intento de evitar a la prensa, contestó solo una pregunta sobre el tema y sostuvo que analiza el “objeto y alcance de esa ley” con su equipo técnico, mientras que las organizaciones son sujetos obligados para la institución.
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