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Hoy se realizó una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, María de Adlan -directora ejecutiva del Centro de Estudios Jurídicos-, Marité Rasmussen -presidenta del Denide- y Fernando Gustale -presidente de Dequení- en el marco de la ley que busca controlar a las organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, el diputado cartista sostuvo que se reiteró el “compromiso con el diálogo abierto y la búsqueda de consenso” sobre el cuestionado proyecto ya aprobado en la Cámara de Senadores.
“El primer compromiso que hicimos fue no apurar su tratamiento y eso sigue; es nuestro espíritu dialogar. Nosotros buscamos la generación de consenso y hemos logrado consenso importantes; hay una posición histórica a favor de la transparencia”, indicó.
Incluso mencionó que el “espíritu” de otros legisladores también sería el de debatir por este proyecto antes de una aprobación y con esto alegó aún desconocer cuándo se podría finalmente tratar en la Cámara Baja esta intención de controlar a las ONG, donde finalmente “si no se llega a a ese consenso, se va a poner en votación”.
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Control a ONG: ley representa “peligro”
María de Adlan, una de las representantes que participó de la reunión, indicó que se acercaron a Latorre para “graficar el peligro que representa esta norma” mediante artículos que son ambiguos en su alcance, el régimen sancionatorio y la “confusión” con relación a los fondos públicos y privados”.
“Las sanciones son muy severas; de una pequeña advertencia se pasa a una multa de sumas extraordinarias que rompen un principio de igualdad. Se compromete (Latorre) a liderar un diálogo con los sectores y nos pidió una propuesta alternativa”, detalló.
En referencia a una posibilidad de exclusión a algunas organizaciones consideró que esto “va a ser peor” porque implicaría una “suerte de privilegio”.
“El discurso es que hay algunas organizaciones que molestan y lo que no miran es que una norma alcanza a todos. Hay organizaciones que no estaban en el radar pero el daño que van a causar es muy importante a la sociedad paraguaya”, sentenció.
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Control a ONG: preocupa tratamiento de fondos
Por su parte, Marité Rasmussen sostuvo que una de las preocupaciones del sector es el tratamiento de los fondos públicos y privados según se establece en esta ley.
Según ella, el artículo sexto es ambiguo en el sentido de las donaciones e incluso apuntó que una reglamentación hacia los aportantes podría desmotivar totalmente la ayuda.
“Nosotros estamos inscritos en millones de instituciones, tenemos auditorias, hacemos informes a la Seprelad, presentamos balances a la DNIT, libros de IVa, compras y ventas”, mencionó.
De igual manera dijo que ante el compromiso de Latorre, se muestran “muy felices” por la apertura demostrada.
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