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Lo que motivó el dictamen de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo fue la querella interpuesta por el ahora exsenador Juan Carlos Galaverna (ANR, HC), que interpuso una denuncia y ganó -de manera cuestionable- en la que fue víctima el difunto director de ABC Color, Aldo Zuccolillo. Todo porque “Calé” se consideró “agraviado” por publicaciones que lo señalaban como parte presuntamente responsable del vaciamiento del quebrado Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
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Lo grave del caso es que las publicaciones realmente fueron reflejo de la investigación penal que se abrió en su momento, la cual presuntamente más por presiones políticas que por falta de méritos, terminó en el “oparei” en relación con el entonces legislador.
Entre los elementos más elocuentes en contra de Galaverna se mencionó su vínculo de amistad cercana con el expresidente del BNT y uno de los cabecillas condenados por el vaciamiento, Édgar Cataldi, que huyó a Argentina, donde murió antes de ser extraditado.
Sin embargo, existió un testimonio clave que nunca fue utilizado por la Fiscalía, el de Jorge Roubineau.
Este último era administrador del BNT y había declarado ante escribanía pública ser testigo de supuestas conversaciones entre Calé Galaverna, bajo el alias de “El Ronco” con Cataldi, que usaba el mote clave de Milton para realizar operaciones de desvíos de fondos del banco a través de una empresa denominada Arenas SA.
Según el testimonio, ambos tenían la venia de desviar hasta G. 1.000 millones al año mediante esta empresa, que presuntamente era parte del esquema de vaciamiento del BNT, que entregaba millonarios adelantos para desarrollar obras sociales, que nunca se realizaron.
Esto también motivó un requerimiento para indagar la sospechosa fortuna de Galaverna, cuyo apodo “Calé” deviene de sus humildes orígenes como “calesitero” en su natal Ypacaraí.
En todo el proceso, tampoco faltaron los incidentes procesales dilatorios, incluido el hecho de que, como legislador, Calé poseía fueros.
Además hubo abiertas amenazas y represalias contra quienes osaron investigarlo. Principalmente contra el entonces fiscal de la causa Carlos Arregui, que fue el que solicitó la reapertura de la investigación contra el político por el caso del BNT.
Si bien Galaverna logró salir “bien parado” de todos estos procesos, habiendo logrado el sobreseimiento por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, de la mano de la fiscala Victoria Acuña, este no logró despejar las sospechas en su contra por la presunta injerencia política en torno al caso, sustentadas en las varias reuniones con fiscales y jueces.
Querella violó derechos fundamentales
A raíz de las publicaciones periodísticas respaldadas en investigaciones penales, el entonces senador Juan Carlos Galaverna (ANR-HC) querelló al director de nuestro diario, Aldo Zuccolillo, quien, tras apelar en todas las instancias locales, recurrió a estrados internacionales. En consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la justicia en nuestro país incurrió en “violaciones a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales” al condenar a ABC por las publicaciones, en un caso de interés público al ser el señalado una autoridad nacional, en ese entonces.