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Según el grupo impulsor, Paraguay tiene una oportunidad única de ser ejemplo regional en la correcta regulación del sector de OSFL conforme lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) antes de aprobar e implementar la ley de control a las organizaciones de la sociedad civil.
“El país también tiene la oportunidad de establecer una relación colaborativa con las OSFL que están preparadas y dispuestas a diseñar regulaciones que promuevan y simplifiquen la transparencia para que no obstaculicen indebidamente la realización de sus actividades legítimas, indican.
Explican que como el GAFI es un organismo intergubernamental cuyos objetivos son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir no solo los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sino además para enfrentar otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, el organismo elaboró 40 recomendaciones para los Estados comprometidos en el combate de estos delitos.
“Para el GAFI, las OSFL desempeñan un papel vital en la economía mundial y en numerosas economías y sistemas sociales nacionales”, precisan.
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Organizaciones ayudan a combatir terrorismo
En el comunicado expresan que los esfuerzos de las organizaciones complementan la actividad de los sectores gubernamental y empresarial, proporcionando apoyo esencial, a veces vital, alivio y esperanza a quienes lo necesitan.
“Las OSFL que operan de manera adecuada también pueden ayudar a combatir al terrorismo, previniendo la radicalización y el extremismo, a través del apoyo específico a personas y comunidades vulnerables”, afirman.
Aseguran que la recomendación 8 del GAFI establece que los países deben revisar la adecuación de las leyes y reglamentos que se refieren a organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que pudieran ser utilizadas indebidamente para la financiación del terrorismo.
“El GAFI considera que, en algunos casos, las medidas regulatorias ya existentes puedan abordar suficientemente el riesgo actual de financiamiento del terrorismo a las OSFL y que no sería necesario ningún cambio regulatorio”, manifiestan.
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Piden hacer evaluaciones de riesgo
Indican que únicamente cuando un Estado determina con base en una evaluación de riesgo que las leyes y regulaciones no alcancen para proteger a las OSFL identificadas como vulnerables, debe aplicar nuevas medidas legales, pero estas medidas deben de ser focalizadas solo al grupo identificado como vulnerable y deben ser además proporcionales al riesgo identificado.
“El GAFI ha reiterado que las medidas adoptadas por los países para proteger al sector de OSFL frente al uso indebido de los terroristas no deben interrumpir o desalentar sus actividades legítimas”, aseguran.
Agregan que para GAFI no existen pruebas suficientes para determinar que el sector OSFL es “particularmente vulnerable”, y que las normas basadas en la premisa de que las OSFL deben ser sobre controladas inhiben el pleno ejercicio de derechos humanos fundamentales como el de la libertad de asociación.
“De una manera que insta a los países respetar sus obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario”, expresaron.
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Correcta implementación de leyes de control sobre ONG
Indican que según insta el GAFI, para la correcta implementación de leyes de control para el sector, se debe garantizar la participación amplia y representativa de las organizaciones en el proceso de evaluación de riesgos considerando factores como el tamaño de las entidades, las capacidades organizativas, la naturaleza de las operaciones y la diversidad de los participantes.
“Nos preocupa como sector que se pueda mal utilizar la recomendación 8 de GAFI como excusa para generar una sobrerregulación para el sector, como lo han realizado gobiernos totalitarios como el caso de Venezuela, donde GAFI la Recomendación 8 se ha calificado como “No Cumplida”, y en Nicaragua, donde se han cerrado más de tres mil organizaciones”, concluyen.