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El proyecto había sido cuestionado por gremios como la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, de fiscales e incluso de abogados particulares, por el riesgo de “blanqueo” por la vía de la prescripción sobre todo a casos complejos como los delitos financieros o de crimen organizado.
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Precisamente, el motivo de esta crítica es que Rodríguez planteó inicialmente bajar el tiempo máximo de duración de casos de acción penal pública de 4 a 3 años, y, en casos de acción penal privada, de 4 a un año y seis meses.
El proyectista dijo ayer que, para evitar que este sea un motivo de cuestionamiento a su proyecto, admitirá modificaciones y dejar en 4 años, es decir, el plazo actual.
Otro punto criticado fue la modificación del artículo 305, que habla del plazo para la desestimación de denuncias para la Fiscalía. El proyecto original plantea solo 30 días desde el momento de presentación de una denuncia de acción penal privada, para que la Fiscalía impute o desestime el caso. Al respecto, Rodríguez dijo que aceptará aumentar a dos meses este plazo.
Finalmente, lo que mantienen es fijar plazos estrictos para que los jueces resuelvan los incidentes procesales (chicanas).