Cargando...
Manuel Riera, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, señaló en sus redes sociales la similitud entre el proyecto de ley “garrote” contra las ONG por sus evidentes similitudes con la famosa ley 209 “De defensa de la paz pública y libertad de las personas” de la dictadura de Alfredo Stroessner.
En particular, el abogado señaló al artículo 4º de aquella ley, que estipulaba pena carcelaria de 1 a 5 años para quienes “mantuvieren relaciones o recibieren instrucciones, dádivas o auxilios de cualquier clase que fueren, de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras, y los que entregaren, distribuyeren instrucciones por cualquier medio”.
En comunicación con ABC Cardinal, explicó su posicionamiento en contra del proyecto y explicó algunas de las falencias de la redacción que podrían perjudicar no solo a estas organizaciones, sino prácticamente a cualquier tipo de organización civil y al sector privado.
En esta nota te contamos el parecer del abogado con respecto al polémico proyecto.
Ley “garrote” a ONG tiene el espíritu de la 209 de la dictadura
El abogado dijo que, más allá de la obvia diferencia de la medición de la pena, que en aquel caso era carcelaria, existe solo una cuestión de grado, pero “el hecho sancionable es el mismo”.
“Están abriendo un cheque en blanco con una ley cuya interpretación va a quedar en manos de un burócrata y después podrán decir: ‘Vos hiciste la entrevista a un señor que está activando en estas cosas y tenés relación, entonces tenés que registrarte, transparentar, rendir cuentas’”, ejemplificó.
Lea más: Empieza debate sobre las ONG en Diputados y ministro de Economía aboga por buscar “consenso”
“Ellos quieren con esto dar un alcance o definición de una organización sin fines de lucro, pero realmente la ley no hace ninguna definición; al contrario, simplemente enumera todas las que ya están en el Código Civil y agrega otras que no existen”, añadió.
“Si una organización de gente, cualquiera, haciendo un esfuerzo, se mete, según un burócrata, alguna competencia estatal, o algo que tenga relación, tiene que ser controlada”, remarcó, citando organizaciones deportivas, barriales o de cualquier índole.
Ya hay controles de sobra a ONG
Uno de los principales cuestionamientos que hizo Riera es que esta “ley construye una enorme red burocrática de controles” y, con el pretexto de transparencia, el Estado ingresa a “la esfera privada del funcionamiento de muchas entidades y puntualmente de las personas que trabajan en esas entidades o que puedan estar vinculadas”.
Agregó que estas serán “sometidas a un esquema de control con obligaciones que no se pueden cumplir en los plazos exigidos, con un esquema de multas muy oneroso que puede tumbar no solamente a las entidades, sino a las propias personas, a estados inclusive de insolvencia por lo desproporcionado de sus montos”.
Lea más: Latorre aboga por el debate abierto en proyecto de ley sobre control a las ONG
Señaló que antes, de controlar a las personas privadas que trabajan con el Estado, debería controlarse a los organismos públicos que son los que trabajan con entidades privadas.
Reiteró que estos controles ya existen y que el proyecto solo los duplicará, superponiendo nuevas funciones para obtener información que ya existe a disposición del Estado.
Críticas a la redacción de la ley
El abogado señaló además muchos problemas de lenguaje en la redacción de la ley, “mucha vaguedad y ambigüedad” que da lugar a muchas interpretaciones. “Partir de la mala fe de una entidad sin fines de lucro es un error, porque también hay que partir de la mala fe de un eventual Gobierno que haga uso del poder excesivo que esta ley confiere”.
“No va a ser posible implementar y se van a llenar de entidades sancionadas, sin nada que transparentar”, criticó el abogado.
Lea más: Latorre cuestiona “injerencia” de la ONU: NN.UU. solicitó a Diputados rechazar proyecto anti ONG
Riera recordó también que con la actual legislación estas organizaciones solo existen con autorización del Ejecutivo y con una serie interminable de requisitos y controles, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, además de Seprelad y varias otras instituciones que ahora serán duplicadas que solo servirán para colapsar el sistema.
Cuestionó además que el Senado haya aprobado el proyecto a las apuradas ante la evidencia de que la ley generaría todo tipo de acciones legales y pidió que haya más sensatez por parte de la Cámara de Diputados.