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En consecuencia, el Ejecutivo alienta que estos administradores de fondos públicos recurran al Tribunal de Cuentas para lograr su aprobación sin objeciones. Sin olvidar que los cartistas mutilaron la ley de “puerta giratoria”, alentaron el nepotismo y siguen ocultando el destino de los millonarios fondos sociales de Itaipú.
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Tras copar en gran medida todos los poderes y desmantelar a la oposición, el gobierno de Santiago Peña, con el apoyo del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, se alista ahora a neutralizar las críticas de la sociedad civil representadas en las ONG, bajo la excusa de controlar el dinero público.
El plan se está ejecutando a toda marcha porque ni bien asumió la presidencia del Senado, Basilio Núñez (ANR, HC) convocó a una sesión extra el lunes 8 pasado y sin tener en cuenta opiniones de opositores, se aprobó y pasó a la Cámara de Diputados. El cartismo ignoró también el pedido del cardenal Mons. Adalberto Martínez, quien solicitó postergar el estudio del proyecto para mejor y un examen más pluralista y objetivo.
Tras la aprobación en Senado, la preocupación nacional por el rápido avance del plan autoritario llegó al ámbito internacional. El viernes pasado, la Organización de las Naciones Unidas (NN.UU.) emitió un comunicado y urgió al Congreso a rechazar la iniciativa por atentar incluso contra los derechos humanos.
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La iniciativa se encuentra ahora en el terreno de la Cámara de Diputados y justamente mañana, lunes, a las 10:00, habrá una mesa de trabajo para discutir las verdaderas intenciones y los alcances de esta peligrosa iniciativa, que forma parte de un plan de acallar voces críticas contra el modelo cartista de conducir el Paraguay. Este tipo de debate no se permitió en el Senado, que también está dominado por los cartistas.
La iniciativa cartista considerada “ley garrote”, insiste en la supuesta transparencia de los fondos públicos que reciben las ONG. Pero la ley exige que los fondos privados y provenientes del extranjero pasen por el Presupuesto General de la Nación, bajo pena de millonarias multas inclusive. Todo apunta a desfinanciar las agrupaciones críticas y favorecer las “alineadas” al gobierno, según denuncian referentes sociales.
Contradicciones
En contrapartida a la “transparencia” que pregona el gobierno de Peña y comando político cartista que lidera Cartes, los fondos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá, por ejemplo, se siguen usando discrecionalmente y nunca se incluyeron en el Presupuesto, pese a los reclamos de la oposición (ver el cuadro). A esto se suma que el cartismo apoya que una ONG manejada durante décadas por el clan Núñez (entre ellos el ahora titular del Senado, “Bachi” Núñez), la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) administre arbitrariamente fondos de todas las comunas sin control alguno. Estos fondos incluyen los pagos que cada conductor hace por sus licencias de conducir, habilitación y transferencias de inmuebles.
Recientemente, hasta la Procuraduría General de la República recomendó excluir a esta organización del manejo de los fondos de la ley Hambre cero y que los fondos privados que reciben la ONG no pueden incluirse en la ley cartista en discusión.
“Puenteo” a Contraloría
El presidente Santiago Peña hasta incluso sostuvo que algunas ONG están expuestas al lavado de dinero, buscando alguna justificación al proyecto totalitario. Sin embargo, resolvió “puentear” la rendición de cuentas a la Contraloría, permitiendo que intendentes, gobernadores y otros entes de control recurran al “benigno” Tribunal de Cuentas.