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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Santiago Ortiz, secretario general adjunto del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), cuestionó ataques hechos por senadores cartistas a medios de comunicación durante el debate previo a la votación del proyecto de ley cartista que plantea endurecer controles a las organizaciones no gubernamentales.
Durante su alocución en la sesión extraordinaria de la Cámara Alta el pasado lunes, la senadora cartista Lizarella Valiente (ANR) –una de las proyectistas de la propuesta legislativa– señaló que la periodista Mabel Rehnfeldt, de ABC Color –cuya fotografía proyectó ante el pleno del Senado- forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una asociación de periodistas de varios países del mundo que ha destapado escándalos internacionales como “Pandora Papers” y “Panama Papers”.
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La senadora Valiente argumentó que el ICIJ “recibe financiación de Open Society Foundations”, fundada por el magnate y filántropo estadounidense George Soros.
“Sabemos muy bien que Soros a qué ideologías responde. Financia grandes ONG por todo el mundo proaborto, proLGBT, proesto, pro lo otro”, dijo la senadora.
“Las acusaciones de políticos exponen a la violencia”
El secretario adjunto de la SPP señaló que, si bien los periodistas están expuestos a la crítica, que “el rostro y la trayectoria” de una comunicadora se ponga “en entredicho en el Congreso” tiene implicaciones peligrosas, ya que puede “exponer a colegas a la violencia” de los seguidores del parlamentario que lanza el ataque.
Opinó que las expresiones de la senadora Valiente o el senador Gustavo Leite (ANR), quien también hizo alusiones a medios de comunicación en su intervención, son una “exposición con clara intención de retaliación” dirigida específicamente a “quienes han hecho investigaciones o publicaciones contrarias a los intereses políticos de su sector”.
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Enfatizó que todo tipo de campaña de descrédito o descalificación, sin importar de dónde provenga, “daña el debate democrático”, pero insistió en que “es más preocupante cuando viene de autoridades” o de otras personas con poder político.
Señaló como ejemplo las afirmaciones hechas por el candidato presidencial Paraguayo Cubas luego de las elecciones generales de 2023, cuando el expresidenciable –quien mantenía sin pruebas que hubo fraude en los comicios– acusó a medios de comunicación de estar “vendidos”, lo que resultó en que sus seguidores agredieran a trabajadores de la prensa que cubrían las manifestaciones que se produjeron en los días posteriores a las elecciones.
Citó también ejemplos de hostigamiento a trabajadores de ABC Color que cubrían actos políticos del Partido Colorado en la campaña previa a las elecciones generales y a funcionarios del Grupo Nación -vinculado al cartismo– que cubrían eventos de la alianza opositora.
“Las acusaciones de políticos exponen a la violencia. Los políticos deben tener mucho cuidado”, subrayó.
Proyecto de ley con “debilidades”
Sobre el proyecto de ley de control a las ONG, que ha sido calificado de inconstitucional por organizaciones no gubernamentales y actores políticos de la oposición, Ortiz opinó que el texto carece de muchas debilidades y falta de especificidad en aspectos específicos que podrían conducir a incertidumbre sobre a qué organizaciones se aplicará la ley, que aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el presidente Santiago Peña.
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Señaló que la ley habla de organizaciones que reciban fondos públicos o privados y parece apuntar a organizaciones “que tratan de tener incidencia en campos exclusivos del Estado”, una generalización que podría aplicarse a cualquier ONG y, en su opinión, da espacio a interpretar que incluso una organización como la SPP, que se rige por el Código Laboral y no el Civil, puede estar sujeta.
“Se está queriendo plantear el problema de la injerencia de organizaciones en el Estado, ahora (el proyecto de ley) plantea que si estas organizaciones me cuentan en qué gastan la plata pueden seguir haciendo injerencia”, cuestionó.
Opinó también que las exigencias y sanciones establecidas en el proyecto podrían ser demasiado drásticas y de difícil cumplimiento para organizaciones pequeñas sin los recursos para “contratar todo un equipo de administración”.
Predice un veto parcial
Ortiz vaticinó que la propuesta legislativa va a terminar en un veto parcial del Poder Ejecutivo porque “le va a generar problemas al Gobierno y no soluciona los problemas históricos de entreguismo que han tenido nuestras autoridades”.
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Opinó que el problema de la injerencia de intereses internacionales es causado principalmente por la postura histórica de los gobiernos paraguayos de someterse a “políticas que bajan del norte global”.
“La resolución a esos problemas está en la responsabilidad de los gobernantes, ellos tienen que plantarse y decir no. Hoy, sin ley, tienen potestad de hacerlo”, concluyó.