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Diputados liberales y de la oposición presentaron hoy el proyecto de ley “que cita e interpela al Dr. Raúl Doria, director del Instituto Nacional del Cáncer y a la Dr. María Teresa Barán, ministra de Salud Pública y Bienestar Social”, en el cual plantean al menos 6 preguntas para el primero y otras cinco para la máxima autoridad sanitaria, en medio de la crisis sostenida que vienen soportando los enfermos con cáncer.
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Este será el segundo intento de interpelación a Doria, que ya había sido salvado por la mayoría cartista en abril pasado, con el argumento de no querer “manchar” su gestión, la cual viene siendo muy cuestionada por las recurrentes carencias que denuncian los pacientes, situación que se vio agravada tras la promulgación de la Ley “Hambre Cero”, que quitó recursos que recibía Incan del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para compra de medicamentos.
Además de la carencia de fármacos, los pacientes y sus familiares también reportan la falta de tomógrafo y la negativa constante de la administración para realizarse estudios de diagnóstico en laboratorios externos, que no se realizan en la institución.
Pese a las promesas del gobierno, la falta de recursos sigue siendo una amenaza palpable para los pacientes, ya que hasta ahora no se presentó ningún proyecto de ampliación o reprogramación presupuestaria para Incan.
A fin de obtener ingresos para el Incan, diputados opositores había planteado crear un fondo especial a ser financiado con un aumento en 2% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de Tabaco, pero la mayoría de oficialistas y sus aliados la mandaron en el archivo.
Entre los firmantes del documento están: Rubén Rubín (Independiente), Leidy Galeano y Miguel Martínez (exCruzada) Guillermo Rodríguez y Walter García (Yo Creo), Graciela Aguilera, María Constancia Benítez, Adrián “Billy” Vaesken, Arnaldo Valdez, Antonio Buzarquis y Diosnel Aguilera, todos ellos de la bancada C del PLRA, y Raúl Benítez, del Partido Encuentro Nacional (PEN).
Difícilmente hayan votos
El artículo 193 de la Constitución Nacional establece el proceso para la citación e interpelación de autoridades, y este establece que se requiere de mayoría absoluta de la Cámara respectiva, en este caso de Diputados. Es decir, para que prospere el pedido de interpelación se requieren 41 votos de un total de 80 diputados. Los cartistas y demás colorados que apoyan al oficialismo juntos ya suman 44.
Todo indica que los colorados evitarán que se apruebe la iniciativa, pese a que lainterpelación por sí misma no implica agravio. Además, si se planteara posteriormente emitir un “voto de censura” por respuesta insatisfactoria, se requerirán para ellos mayoría absoluta de dos tercios, es decir, 63 votos en el caso de que estén los 80 diputados presentes, número que es casi imposible que se reúna en las condiciones políticas actuales. De todos modos, un voto de censura a cualquier funcionario del Ejecutivo no es vinculante, en el sentido de que no obliga al presidente de la República a destituir al funcionario cuestionado por alguna de las cámaras del Congreso.