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De inconstitucional tildó Eduardo Nakayama, senador liberal, al proyecto de ley que implementa controles a las oenegés (ONG) y que es impulsada por Honor Colorado en la Cámara de Senadores. Además, afirmó que sigue el ejemplo del autoritarismo en la región, como ocurrió en Nicaragua o Venezuela, incluso citó que Rusia implementó una legislación similar.
“El cartismo en Senado ha llamado a sesión extraordinaria para aprobar su inconstitucional Ley contra la Sociedad Civil, siguiendo fielmente ejemplos autoritarios como Venezuela, Nicaragua o Rusia. ¡De manual!”, expresó en su cuenta de X.
El senador expresó su descuerdo con los argumentos esgrimidos desde el sector que impulsa la ley e incluso los acusó de utilizar las mismas excusas que los gobiernos autoritarios.
“Las excusas son las mismas en todos los casos (injerencia extranjera) y también las consecuencias: aniquilamiento de la sociedad civil, de las voces disidentes y aislamiento del mundo exterior”, denunció.
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Gremios en contra de ley de control a ONG
Gremios empresariales y organizaciones anticorrupción advierten que el proyecto de ley que impulsa el cartismo, para controlar a las ONG que no se alinean al Gobierno de turno, afectará el derecho a la propiedad por regular la obtención de fondos privados. Señalan que incluso debilitará la democracia y el desarrollo económico, además de alejar todo tipo de inversiones extranjeras.
En total, 25 organizaciones repudiaron el tratamiento del proyecto de ley que se analizará este lunes en sesión extraordinaria en el Senado. En cambio, los proyectistas, encabezados por el titular de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), sostienen que la ley busca “transparentar” los fondos públicos que reciben las ONG y evitar que “agendas extranjeras” financien grupos que atenten contra nuestra “cultura”.
Las organizaciones alegan que no fueron consultadas y que de ser aprobada, la ley traerá repercusiones negativas para los principios democráticos, las relaciones internacionales y el desarrollo económico de nuestro país. “Las regulaciones propuestas en este proyecto de ley representan una amenaza para alcanzar el grado de inversión, ya que limitarían la libertad de asociación, un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución. Instamos a los legisladores a reconsiderar este proyecto de ley y trabajar en conjunto con los sectores afectados para consensuar un marco normativo”, agregaron en un comunicado.