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Hugo Cáceres, director ejecutivo de la organización Horizonte Positivo Paraguay, asistió ésta mañana a la reunión de 74 representantes de las organizaciones Sin Fines de Lucro de Paraguay (OSFL – ONGs) en un hotel capitalino, donde expresaron “profunda preocupación” por el tratamiento del proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro”. La iniciativa, impulsada por el movimiento Honor Colorado (HC), prevé este lunes 8 de julio, su tratamiento en sesión extraordinaria del Senado.
Las organizaciones indican que el proyecto, bajo la premisa de promover el control, introducen medidas que afectarían gravemente el derecho a la libertad de asociación, obstaculizarían el acceso a financiamiento y generarían un marco regulatorio excesivamente burocrático y punitivo para las diversas instituciones.
Cáceres fue ministro de la Unidad de Gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2021). También se desempeñó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en la banca privada internacional, entre otros cargos.
El abogado y exministro dijo que la iniciativa parlamentaria perjudicará gravemente a los beneficiarios de la ONG, citando a la sociedad civil, como juntas de saneamientos, comisiones vecinales, campesinos, indígenas, comerciantes, productores agrícolas, entre otros. Por ejemplo, citó que 12.250 comisiones vecinales, 170.000 productores y 10.000 bomberos voluntarios trabajan con las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Indicó que el nivel de donaciones internacionales disminuirán con esta “práctica confiscatoria”. “La cooperación internacional no funciona así”, sostuvo Cáceres.
A favor de la transparencia, indica
Consultado si las organizaciones están a favor de mayores controles a las ONG, Cáceres respondió que están a favor de la rendición de cuentas y la transparencia. “Queremos mejorar las rendiciones de cuentas. Estamos dispuestos que se mejoren los controles y la transparencia”, remarcó.
Seguidamente, recordó que actualmente las ONG, ya tienen los controles de la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros.
Indicó que llaman al dialogo y una mesa de trabajo con el Legislativo. Señaló que el proyecto de ley no es la dirección correcta porque aumenta la burocracia estatal, y por tanto, genera mayores gastos. “Es un instrumento que no ayuda a la democracia. Además la iniciativa es inconstitucional”, manifestó.
Hugo Cáceres refirió que este tipo de leyes están vigentes en Nicaragua y Guatemala. Acotó, además, que en Venezuela y Perú está en estudios en sus respectivos congresos.
Antecedentes
El proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” cuenta con el dictamen de la comisión de Legislación, que recomienda en mayoría aprobar con modificaciones y, en minoría, rechazar la iniciativa legislativa.
La comisión, semanas atrás, recibió a siete representantes de varias organizaciones sin fines de lucro que cuestionaron la normativa, calificándola de dictatorial e inconstitucional. Para el senador Rafael Filizzola (PDP), el proyecto de ley claramente es inconstitucional y tiene un sesgo autoritario, “característico de este Gobierno”.
“Esta iniciativa sigue una línea ideológica, más bien el libreto de Putin, que siguen en Hungría y otros países de Centroamérica, como por ejemplo Nicaragua, con el claro objetivo de desmovilizar a las organizaciones, evitar la participación ciudadana y las críticas al Gobierno”, expresó el senador opositor.
Objetivos del proyecto
El proyecto de ley tiene por objeto establecer el régimen de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades, entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de derecho público y universidades públicas.
La normativa crea el Registro Nacional de Organizaciones sin fines de lucro (RNOSLF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. En este registro, deberán inscribirse todas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) actualmente existentes, dentro de los 90 días de la entrada en vigencia de la presente ley. Representantes de oenegés habían señalado, durante la audiencia con la comisión, que hay cerca de 6.000 organizaciones sin fines de lucro.
Con respecto a la transparencia, las oenegés deberán registrar detalladamente el uso y destino de los fondos que reciban con sus correspondientes facturas y demás documentos respaldatorios. Asimismo, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, personal de cualquier índole, señala parte del planteamiento del proyecto de ley.