Nepobabies: Roya Torres y Cleto Giménez ocultos mientras “Tratito” se libra

Tras ser imputados junto a sus “nepobabies” por la Fiscalía por presunto cobro indebido de honorarios, los diputados liberales Cleto Marcelino Giménez (Canindeyú) y Roya Torres (Alto Paraná) no se hicieron encontrar ayer en la sede de la Cámara Baja, donde debían participar de las reuniones de comisiones.

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Tras ser imputados junto a sus “nepobabies” por la Fiscalía por presunto cobro indebido de honorarios, los diputados liberales Cleto Marcelino Giménez (Canindeyú) y Roya Torres (Alto Paraná) no se hicieron encontrar ayer en la sede de la Cámara Baja, donde debían participar de las reuniones de comisiones.

En el caso de Cleto Giménez, se sospecha que estuvo “oculto” en su oficina en el segundo piso, donde su asistente administrativa, Odestti Marecos Balmori, se convirtió en guardia de seguridad e impidió que se pueda verificar si el legislador efectivamente se encontraba en su oficina. La funcionaria tiene un salario de G. 15.000.000.

Giménez fue imputado junto a sus hijas y funcionarias de Diputados, Danna Maricela y Johana Denisse Giménez Rotela, por presuntamente cobrar sus salarios (G. 7.700.000 y 3.300.000 respectivamente) en Diputados, pese a que, según la Fiscalía, no cumplían funciones efectivas.

El "asesor" de 19 años Elías Martín Godoy junto con su madre diputada Roya Torres y su padre intendente Roque Godoy.
El "asesor" de 19 años Elías Martín Godoy junto con su madre diputada Roya Torres y su padre intendente Roque Godoy.

Diputada Roya Torres no apareció tras imputación

Por su parte, Roya Torres no apareció para la reunión de la comisión de Derechos Humanos, la cual preside. La legisladora está imputada junto a su hijo y “asesor”, Elías Godoy Torres, que también, según la Fiscalía, habría cobrado de manera irregular mensualmente G. 9.500.000.

Por otra parte, ayer la Fiscalía pidió la desestimación de la denuncia contra otro presunto “nepobaby”, Alejandro Ovelar Ayala, alias “Tratito Apu’a”, hijo del anterior presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), que estaba como contratado en Diputados, hasta su renuncia en diciembre pasado. La Fiscalía considera que, en ese caso, no se configuraron delitos como administración en provecho propio, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.

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