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Derlis Maidana (ANR, HC) dijo que, según los datos oficiales, más de 312.000 personas perciben este beneficio de G. 650.000 hoy día en Paraguay y que según estimaciones faltan 200.000 paraguayos para la “universalización”. No obstante, indicó que esas 312.000 personas representan al mes US$ 28 millones y advirtió que si se pretende elevar el monto a la mitad del salario mínimo (G. 1.399.154) serían US$ 55 millones más al año.
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Anunció por ello que este año el Ministerio de Desarrollo comunicó la intención de ampliar las pensiones a 35.000 beneficiarios este año y, con ello, en tres años se llegaría al objetivo de la universalización.
El senador Derlis Osorio (ANR, aliado cartista), vocero de la comisión de Hacienda, dijo que los representantes del Poder Ejecutivo no han presentado los documentos solicitados para tratar el proyecto. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo tiene la intención de cumplir el mismo objetivo en cuatro años, pero que rechazan aumentar el monto por pensión o bajar la edad necesaria. Indicó que, por ello, el Ejecutivo pidió la prórroga para acercar todos los detalles.
Inoperancia en datos
Líder Amarilla (PLRA) dijo que, si bien el Ejecutivo está a favor de la universalización, la inoperancia de las entidades públicas juega en contra. “Nadie sabe con exactitud cuántos adultos mayores necesitan cobrar”, aseveró al repudiar los datos entre el Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Desarrollo.
Señaló que el informe del INE coincide que 516.000 personas deben cobrar; que tienen jubilación 64.000 personas. Indicó que los datos señalan que actualmente 261.000 personas cobran la pensión y 14.000 cobran otro tipo de pensiones (ex combatientes, viudas, pensión graciable). Por otro lado, los mayores de 65 años que siguen asalariados (privados o públicos) son 10.500. En total son 351.248, por lo que faltarían 165.381 personas.
Sin embargo, el informe del Ministerio de Economía habla de 267.344 personas de 65 años, por lo que falta una depuración de datos.
Finalmente, fue Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) quien planteó aprobar “en general” y consensuar con el Ejecutivo los puntos fundamentales. A esto se sumó el pedido del senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) quien pidió la postergación del estudio en particular, es decir artículo por artículo, por 30 días.
La técnica de aprobación en general y postergación en particular ya fue utilizada anteriormente por el oficialismo con su mayoría para dilatar el estudio del proyecto de ley que eleva las penas a los condenados por abuso infantil.