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La semana pasada, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, concurrió ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, precisamente para solicitar que se apure el tratamiento del proyecto de ley para regular la carrera de los guardiacárceles, que sufrió varias modificaciones en el Senado.
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En aquella ocasión, Nicora, si bien criticó la serie de cambios que introdujo la Cámara Alta, que hacen que el proyecto adolezca de “muchas incongruencias”, no quiso decantarse por ninguna de las versiones, ya que la de Diputados también tuvo cuestionamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre el régimen jubilatorio que, en la situación actual de la Caja Fiscal, sería insostenible.
El Senado había modificado una parte importante, eliminando la “equiparación” de los agentes penitenciarios con las fuerzas públicas (policías y militares), no solo en lo que refiere al permiso para manejo de armas, sino también a la condición de órgano “no deliberante”.
Este aspecto es fundamental, ya que la versión Diputados pretende establecer que “los agentes penitenciarios no podrán tomar parte en actividades político partidaria, de proselitismo ni de sindicalización”.
El Ministerio de Justicia sobre todo aboga por eliminar la posibilidad de la realización de medidas de fuerza como las huelgas, las cuales podrían afectar al manejo de los penales y de los clanes criminales.
En este tercer trámite, según establece el Artículo 207 inciso 3 de la Carta Magna sobre la modificación parcial, la Cámara Baja está facultada a aceptar parcialmente las modificaciones del Senado, lo cual de ser así, en un cuarto trámite en el Senado deberá tratar solo los artículos en los que haya disparidad.