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Los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria, fijaron entre el 4 y 22 de julio la realización de las audiencias indagatorias a exministros y exfuncionarios de la presidencia del imputado Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa por presunta revelación de secretos de servicios.
Así, el Ministerio Público llamó a declarar el 4 de julio próximo a las 8:00 a René Fernández Bobadilla, ex ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción y de la Seprelad. El procesado está asistido por el abogado Osvaldo Granada Salaberry.
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Para el lunes 8 de julio a las 8:00 está convocado a su indagatoria Carlos Adolfo Arregui Romero, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Su defensa está ejercida por el abogado Felino Amarilla.
El otro exministro que es convocado por el equipo de fiscales, es Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, para el 10 de julio a las 8:00. Su defensa está ejercida por el abogado Emilio Fúster. Giuzzio ocupó los cargos de ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y también del Ministerio del Interior.
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Otros convocados para indagatoria
Los fiscales citaron para el 12 de julio a las 8:00 a Carmen Pereira Bogado, quien está asistida en su defensa por el abogado Jorge Rolón Luna. La misma se desempeñó como directora general de Análisis Financiero y Estratégico entre 2019 y 2022, y luego como secretaria adjunta de la Seprelad, en el 2022.
En tanto que para las 8:00 pero del 16 de julio, está citado Daniel Alfredo Farías Kronawetter, cuya defensa está representada por los abogados Alfredo Enrique Kronawetter, Natalia Soledad Molinas y Hernán Dos Santos. El investigado se desempeñó como asesor de Inteligencia en la presidencia de Abdo.
Igualmente está convocado para su declaración indagatoria ante la Fiscalía, a las 8:00 del 18 de julio, Guillermo Preda Galeano, quien está asistido en su defensa por el abogado Jorge Rolón Luna. El mismo fue director de Análisis Financiero “A” en el 2018, y luego director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, en 2022.
Por último Franciso Pereira Cohene está citado para las 8:00 del 22 de julio, defendido por el abogado Jorge Rolón Luna. El encausado fue director de Análisis Financiero “B”, entre los años 2019 y 2022.
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Mario Abdo y Mauricio Espínola, en espera por sus fueros
Desde el Ministerio Público explicaron a ABC que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado colorado Mauricio Espínola, aún no están sometidos en forma absoluta al proceso penal que fue iniciado contra ellos en marzo de este año, luego de que los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti presentaron imputación por al menos siete hechos punibles.
Si bien los fueros con los que aún cuentan no impiden que la investigación continúe sobre ellos, si afecta en otros aspectos del proceso penal. Ahora, el blindaje que tiene Mario Abdo por ser senador vitalicio y Mauricio Espínola, por actualmente integrar la Cámara Baja, tampoco impidieron su imputación, pero sí entorpece que la pesquisa pueda ser ahondada en relación a los mismos hasta tanto sean desaforados.
Respecto a los demás siete exfuncionarios y exministros la imputación causó efecto, a partir de que la jueza penal de garantías Cynthia Lovera haya emitido su providencia que admitía el requerimiento fiscal y fijaba fecha para la presentación del escrito conclusivo para el Ministerio Público. Esa resolución de la magistrada fue recurrida por uno de los encausados, pero ello no impide el desarrollo del proceso, según explicaron desde Fiscalía.
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Imputación a Mario Abdo y los demás
La imputación presentada en marzo por los entonces fiscales de la causa, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, es por revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.
El requerimiento se dio luego de la presentaciión denuncia del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023. De hecho en el escrito fiscal se detalla que, HC amplió dos veces más la denuncia,.
La primera ampliación se dio el 30 de agosto del 2023, en la que denunció la filtración de información confidencial sobre un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, Indica que supuestamente se cometió el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
En tanto que la segunda y última ampliación fue el 30 de octubre del 2023, en la que Horacio Cartes denunció una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
La Fiscalía presenta en total 42 elementos de sospecha, entre los que resaltan algunos informes de las instituciones relacionadas a la investigación, publicaciones de medios de comunicación y las denuncias presentadas por Horacio Cartes.
Mario Abdo quería “debilitar” a Cartes y Peña, según Fiscalía
El acta de imputación indica que supuestamente durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral. Describen que mediante el esquema, Mario Abdo Benítez filtraba información confidencial a los medios de prensa.
Uno de los documentos que dice la Fiscalía que los funcionarios filtraron es un pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscala Lizzie Bonilla en el marco del expediente N.° 202100076335 con respecto al historial penal y policial de Horacio Cartes (expresidente de la República del Paraguay).
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Agregan que en la elaboración de la contestación del pedido realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, “se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá”.
Imputación por supuesta “información falsa”
En la imputación indican también que entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, los hoy convocados a indagatoria, Carlos Arregui junto con otros funcionarios de la institución, como Carmen Pereira, Guillermo Preda, y Francisco Pereira, habrían redactado el informe de inteligencia N.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Afirman que Carmen Pereira y los demás funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación y a autoridades nacionales del momento (Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola), lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación.
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Sindican a Guillermo Preda de enviar un archivo creado fuera de la Seprelad por personas ajenas a ella para que forme parte del Informe de inteligencia y elaborar juicios de valor sobre el expresidente de la República Horacio Cartes, que habría solicitado al analista Derlis Ruiz que los incorpore al reporte. Dichas valoraciones refieren a los antecedentes de Cartes por el proceso que tuvo en 1985 por evasión de divisas, por el que fue sobreseído definitivamente en el 2008 y su incremento patrimonial de más de 1.000 millones de dólares con su Grupo Empresarial que habría registrado durante su periodo como presidente.
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Facturas de Peña y Boidanich con Basa y Tabesa
Los fiscales imputaron a Guillermo Preda también por supuestamente enviar al analista Derlis Ruiz cuadros con facturaciones de la firma Tabesa a favor de Óscar Boidanich, así como salarios de Banco Basa a favor de Santiago Peña a fin de que sean incluidos en el informe de inteligencia “a pesar de que dichas personas no revestían el carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia”.
Indican que Preda habría ordenado la incorporación de prensa negativa y de las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República presentadas por el expresidente de la República Horacio Cartes, informaciones que no fueron requeridas por la Fiscalía de Panamá, según refieren los fiscales en todo momento.