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El pasado viernes, un puñado de concejales municipales de varios puntos del país presentaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), pidiendo considerar su propuesta (inconstitucional) de extender hasta 2028 el mandato de las actuales autoridades municipales (intendentes y concejales), con la excusa de buscar la unificación de elecciones generales y municipales para “ahorrar costos”, aunque por el antecedente de varios, al menos hay derecho a dudar que ese sea su verdadero objetivo.
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Uno de los principales voceros fue el concejal municipal de Caaguazú Fabio Ernán Ayala Caballero (ANR), que en abril del año pasado fue imputado penalmente por los presuntos delitos de extorsión y coacción grave, tras una denuncia del actual intendente de su municipio, José “Papu” Ríos (PLRA).
Según la denuncia del jefe comunal, este presentó grabaciones donde supuestamente Ernán Ayala le solicitaba una suma de al menos G. 80 millones a cambio de no generarle problemas en la aprobación del balance de su gestión en el periodo 2022.
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Con base en esta denuncia pública, el fiscal Alfredo Mieres Ávalos procedió a la imputación del concejal, que ahora se muestra muy “preocupado” por supuestamente ahorrar fondos en las elecciones, para reinvertirlos en salud y educación.
Otro de los firmantes de la nota es el concejal de Paraguarí Luis Almada (ANR), que también el año pasado formó parte de una denuncia penal por el supuesto hecho punible de “proxenetismo”.
En mayo del año pasado, el fiscal Eladio Cohene tuvo que tomar intervención ante una denuncia presentada contra el concejal Almada, su colega Édgar Vera y Aragón y el intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (todos ANR), luego de que saltaran a la luz supuestas conversaciones sobre la contratación de los servicios sexuales de una presunta menor de edad.
Los señalados alegaron que supuestamente todo fue montado con fines de atacarlos políticamente.
Otro de los voceros a favor de la prórroga fue el concejal colorado de Fernando de la Mora Blas Velázquez Tillería, que es hermano del exsenador Julio César Velázquez (ANR), también ejerció como abogado de investigados por casos de corrupción pública.
Blas Velázquez ejerció la defensa del actual diputado Rubén Roussillón (ANR, oficialista), en el marco de la causa por supuesta “tragada” millonaria de fondos, durante la administración del exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio “Ñoño” Núñez (ANR), hermano del nuevo presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.
Si bien, de manera cuestionada, Roussillón fue sobreseído definitivamente, sí fue condenado a 11 años de prisión –y ratificado en segunda instancia– “Ñoño” Núñez, por la presunta tragada de unos G. 42.500 millones a la Gobernación de Presidente Hayes.
Varios se distancian
Varios legisladores incluso del cartismo ya adelantaron su rechazo al plan de extender el mandato de las autoridades municipales hasta 2028, con la excusa de unificar las elecciones.
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“No todos los concejales ni todos los partidos políticos estamos de acuerdo con este pedido de extensión de mandato. Hay que respetar el cronograma electoral, así como la voluntad popular y no que unos cuantos concejales e intendentes quieran atornillarse al poder por dos años más”, dijo el concejal de Asunción Pablo Callizo (Partido Patria Querida).