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Para este periodo legislativo (2023-28), la Cámara de Diputados tuvo una importante “renovación” pero solo de nombres. De un total de 80 miembros, 58 son nuevos ya que se mantuvieron viejas prácticas de periodos anteriores.
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Durante este primer año legislativo, Diputados, presidido por el cartista Raúl Latorre (ANR, HC), salvó de la intervención municipal a seis intendentes: cinco colorados y una del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), mientras que un jefe comunal sigue aguardando si su gestión será intervenida o no.
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Uno de los salvados es el intendente de la ciudad Tomás Romero Pereira, conocida como María Auxiliadora (Dpto. de Itapúa), Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del cuestionado senador cartista Hernán David Rivas. La administración del intendente es investigada por la Fiscalía General del Estado por un supuesto daño patrimonial de G. 2.000 millones. Rivas fue denunciado por la Junta Municipal por posibles irregularidades, sin embargo, los diputados lo salvaron argumentando “persecución política” por ser padre del senador cartista David Rivas. No obstante, los ediles no se dieron por vencidos y presentaron denuncia ante el Ministerio Público y el pasado 11 de junio los fiscales Natalia Fúster, Reinaldo Castillo y Walter Castro allanaron la sede de municipal.
Otro de los salvados fue el intendente de Ñemby Tomás Olmedo (ANR-FR), quien fue denunciado por la Junta Municipal por un supuesto daño patrimonial de G. 8.800 millones. Como no corrió la intervención los ediles presentaron denuncia ante la Fiscalía, pero sigue sin ser investigado.
Tuvo la misma suerte el intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR-FR), quien según la Junta Municipal ocasionó un supuesto daño patrimonial de G. 1.050 millones a las arcas. El jefe municipal no cuenta con denuncia ante la Fiscalía.
El intendente de San José del Rosario (Dpto. de San Pedro), Miguel Ángel Gray (ANR-HC), también fue salvado por la mayoría de los diputados. Gray fue denunciado por los miembros de la Junta Municipal por posibles desprolijidades. El supuesto daño patrimonial debe determinar el fiscal que tome la causa, que está “cajoneada” desde noviembre del 2023.
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Esperan juicio oral
El intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR, HC), también fue salvado por Diputados. La Junta Municipal pidió la intervención de la gestión de Adorno, pero la Cámara Alta que preside Latorre ignoró, motivo por el cual radicaron su denuncia ante el Ministerio Público.
Adorno está acusado por supuesta administración en provecho propio y lesión de confianza. Actualmente no puede acercarse a la sede municipal, debido a una restricción judicial mientras aguarda el inicio del juicio oral.
También fue beneficiada por el “pacto azulgrana” de la Cámara Baja la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), quien está acusada por lesión de confianza y asociación criminal por un presunto daño de G. 1.200 millones. Hace más de un año chicanea para evitar ir a juicio oral.
Freezer en Diputados
Sigue sin ser analizado el pedido de intervención del intendente de Lima (Dpto. de San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza), cuya solicitud ingresó a Diputados en octubre del 2023. Se creó una comisión pero sin miembros. Los concejales denunciaron supuesto daño patrimonial de G. 514 millones.