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Los abogados defensores del expresidente Mario Abdo Benítez y exfuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunciaron que presentaran al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un documento con graves de persecución penal, acoso laboral, y un debilitamiento institucional del Ministerio Público.
Según los defensores, sus representados están siendo víctimas de una “inicua persecución penal” por parte de la Fiscalía, la cual ha iniciado investigaciones contra ellos por su labor en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. El escrito afirma que estas acciones buscan silenciar a quienes se atreven a denunciar las actividades ilícitas de poderosos grupos criminales.
En particular, denuncian que el agente fiscal principal de la causa, Aldo Cantero, actuó bajo las órdenes del abogado del denunciante, el expresidente Horacio Cartes, evidenciando una clara falta de independencia y un posible sesgo en las investigaciones. Además, en el escrito critican al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por no investigar las irregularidades denunciadas y señalan que los fiscales asignados a la investigación no han actuado con la contundencia necesaria.
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Debilitamiento del Ministerio Público
Los abogados también expresan su profunda preocupación por el debilitamiento institucional del Ministerio Público, el cual, a su juicio, se encuentra en riesgo de ser copado por el crimen organizado. Señalan que el gobierno ha tomado medidas que han debilitado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y han nombrado a personas con un “historial de complacencia” hacia las actividades ilícitas que la Seprelad debe prevenir.
Advierten que esta situación compromete seriamente la independencia judicial y facilita la impunidad para aquellos en el poder con vínculos al crimen organizado. Ante este panorama, solicitan al Secretario General de la OEA que tome medidas urgentes para garantizar la independencia del Ministerio Público, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y proteger a quienes se atreven a denunciar la corrupción y las actividades ilícitas en Paraguay.