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Un documento presentado esta mañana por la disidencia colorada a Pablo Sandino, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Paraguay, denuncia lo que consideran la actual situación de persecución que reciben, a su parecer, por parte de organizaciones criminales que operan mediante instituciones del Estado.
El documento fue presentado esta mañana por el diputado Mauricio Espínola en representación de su bancada y de exministros de Mario Abdo Benítez, procesados por el Ministerio Público ante una denuncia del expresidente Horacio Cartes.
Lea aquí el texto completo:
“El Ministerio Público ha sido infiltrado y hoy, institucionalmente, se encuentra al arbitrio de importantes organizaciones criminales, algunos de cuyos integrantes incluso ocupan espacios institucionales en gobiernos locales o en el legislativo, representando al movimiento interno de la ANR que llevó al poder y hoy apoya y sostiene al gobierno del presidente Santiago Peña”, dice parte del documento.
Además, se hace mención de “los profusos y nada ejemplares antecedentes de quien preside ese partido”, en relación a Horacio Cartes, declarado como “significativamente corrupto” y con “vínculos con el crimen organizado y el terrorismo” por el Gobierno de los Estados Unidos.
Perseguidos por investigar a Cartes, denuncian
Este sector, y en particular quienes formaron parte del gobierno de Abdo Benítez, denuncian que están siendo perseguidos por haber investigado a Cartes y a organizaciones relacionadas económicamente con él.
“Organizaciones criminales han generado una inicua persecución penal hacia quienes, desde sus respectivos lugares de trabajo, denunciaron, o en su caso, remitieron informes oficiales al Ministerio Público, sobre personas, empresas y estructuras vinculadas a la delincuencia trasnacional organizada y al lavado de dinero proveniente de la misma”, dice el documento
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Además, refieren que aquellas denuncias penosamente “duermen” en los cajones del Ministerio Público que aseguran “tuvo una llamativa parálisis que le impidió impulsar las investigaciones sobre los hechos denunciados”.
Recuerdan que la causa contra Abdo Benítez y sus ministros generó la reacción internacional ante una notoria serie de irregularidades que se conocieron a partir de la publicación de la forma en que el abogado de Horacio Cartes “dirigía” la investigación fiscal.
Intención del Gobierno es desmantelar Seprelad
El documento hace énfasis en que la imputación en la denuncia de Cartes apunta al equipo técnico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que logró que Paraguay apruebe la evaluación de Gafilat, demuestra la intención del Gobierno de ir contra esta institución.
“Lo ha hecho hostigando y destituyendo a funcionarios de larga trayectoria e impecable foja, separándolos de sus cargos, para luego impulsar una causa penal espuria, enviando además, el potente mensaje de que quien cumple su labor será castigado severamente”, denuncian.
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A esto, suman la notoria parcialidad que sigue demostrando el Ministerio Público al dar “amplio acceso al cuaderno de investigación fiscal al denunciante, en contra de la postura reciente y recurrente del fiscal general del Estado, de que el denunciante y víctima no pueden acceder a la misma y tienen derechos limitados”.
“Incluso se le negó al propio Senado de la Nación las actuaciones fiscales, en el marco del proceso constitucional de desafuero, requerido por los propios fiscales”, agregan.
