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La desprecarización de 150 agentes penitenciarios, que representa el nombramiento en el Ministerio de Justicia (MJ) con bonificaciones y mejora salarial, fue el pedido que planteó esta mañana el titular de dicha secretaría de Estado, Rodrigo Nicora, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, según lo comentó él mismo.
Afirmó que lo que pretenden con la desprecarización es principalmente la estabilidad laboral para los guardiacárceles. “Lo que implica es -en primer término- una estabilidad laboral porque ellos son contratados y siempre están supeditados a cuestiones políticas, amenazas o extorsiones; entonces, con el nombramiento esa estabilidad se genera y les da un bienestar y también una posibilidad a estos funcionarios de tener otros beneficios”, dijo.
Nicora refirió que existe una positiva predisposición por parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja para dictaminar a favor de dicha iniciativa, que ya surgió en el 2019.
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Agregó que el nombramiento de los guardiacárceles no implicaría ningún costo adicional al presupuesto del MJ.
Proyecto de ley del agente penitenciario
Nicora también conversó con los diputados con respecto al proyecto de ley del agente penitenciario. Afirmó que la última versión del Senado presenta muchas modificaciones e incongruencias, que puntualizaron ante los diputados.
Resaltó que plantearon puntos para que el proyecto final pueda beneficiar al funcionario penitenciario y, a la vez, “buscar el objetivo general antes que el particular”.
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El proyecto retornó a Diputados para su tercer trámite, tras sufrir modificaciones en Senado, versión que Nicora considera adolece de “muchas incongruencias”, aunque la original también tiene sus cuestionamientos, por lo que dejó en manos de los Diputados definir la mejor opción.
Adelantó que sobre todo para el próximo año solicitarán más recursos, atendiendo la apertura de dos nuevos penales, la de Minga Guazú y el de Máxima Seguridad “Martín Mendoza” (Emboscada).
“Además de los 150 agentes que egresaron hace poco de Paraguarí, más los 90 que empezamos a pagar para Martín Mendoza, estamos necesitando aproximadamente 750 a 800 funcionarios más y eso implica pago de salarios, beneficios y gente que está trabajando hace 15 o 20 años y necesitan una mejor remuneración”, afirmó.