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“Presentar una certificación de calidad bajo los parámetros de normas como ISO 14000, BRC, TUV o similares con la debida acreditación nacional otorgada por el Conacyt/ONA” (sic) aparece como uno de los parámetros de evaluación en los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) de las gobernaciones de Caazapá, Paraguarí y Cordillera, a cargo de los cartistas Cristhian Acosta, Norma Zárate de Mónges y Denis Lichi, respectivamente. Esto, en el marco de la implementación del proyecto emblema de Santiago Peña, conocido como Hambre Cero en las escuelas.
Este requisito, además de llamativo, es bastante sugestivo atendiendo a que se trata de una certificación que limitaría la participación de potenciales oferentes interesados. En otras palabras abriría las sospechas de un direccionamiento de la convocatoria.
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Algunos de los potenciales oferentes ya realizaron sus consultas a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre este ítem establecido bajo el criterio de “innovación”. No obstante, hasta ayer a la tarde no hubo respuesta de las unidades operativas de contrataciones de las citadas instituciones departamentales.
“No es una obligación legal para los proveedores de este rubro (alimentación) tener esta certificación y los que tienen esta certificación tienen una ventaja arbitraria, un claro direccionamiento a ser beneficiados ya que para eso las empresas cuentan con el Impacto Ambiental aprobado. Favor regir al marco legal vigente para las obligaciones de este rubro el método de evaluación” (sic), dice una de las consultas realizadas.
Otra de las dudas de los interesados en participar de la licitación también es en forma notable que esta certificación tiene una puntuación porcentual por encima de la mejor propuesta económica. Por ejemplo, en Caazapá el mejor precio aparece con 15% de incidencia en la evaluación de un total de 100%, mientras que la certificación sobre la disposición de sus basuras tiene 18% de influencia del cien por ciento.
Los contratos de Paraguarí, Caazapá y Cordillera son por G. 34.000 millones, G. 83.327 millones y G. 18.198 millones, respectivamente. El periodo de vigencia es de agosto de 2024 a julio de 2027.
Solicita plan de manejo
Más curioso es que esta certificación solicitada por las tres gobernaciones no figura en el PBC del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), cuya ejecución contractual es superior. La cartera estatal tendrá a su cargo la implementación del programa en los departamentos de Presidente Hayes y Central, además de Asunción.
La convocatoria que se subdivide en 12 lotes es por monto global de G. 2,8 billones, alrededor de US$ 372 millones. El acuerdo será desde agosto de 2024 hasta julio de 2027.
Ministerio de Desarrollo Social, con tardía publicación de adenda
Otro punto suspicaz que sobresale de los llamados a licitación para la implementación de la alimentación escolar (Hambre Cero) es la aparente publicación tardía de la ampliación del plazo de consultas en el proceso a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), al mando de Tadeo Rojas, quien a su vez funge de tesorero del Partido Colorado.
Los registros en el portal de la DNCP detallan que el MDS publicó el llamado para la licitación identificada con el ID 450.421 el 31 de mayo de 2024, junto con la primera versión del PBC. En este último documento se estableció que el plazo de consultas para los oferentes con relación al llamado era el 14 de junio de 2024.
Lo curioso es que el 17 de junio de 2024, a las 22:31, se publicó la segunda versión del PBC, que sería la adenda N°1 por cual se hicieron varias modificaciones al primer pliego.
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Uno de esos cambios dentro del PBC tiene que ver con el plazo de consultas que se amplió al 17 de junio de 2024. Sin embargo, no pudo ser efectivo debido a que la publicación de esa modificación se hizo en el mismo día y en horas de la noche.
Este llamado tuvo más de 119 consultas, todas hasta el 14 de junio.
