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Tras un acto castrense en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial (REP) el presidente Santiago Peña informó que tomó la decisión de que el Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Poder Ejecutivo, sea absorbido por la Dirección General de Registros Públicos (DGRP), dependiente del Poder Judicial. El mandatario señaló que el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica a la tenencia de la tierra.
El Jefe de Estado afirmó que este proyecto se lleva estudiando desde hace años, atendiendo la necesidad de unificar los registros sobre títulos de propiedad de tierras, como el caso de la creación del Sistema Nacional de Catastro Registral (Sinacare) y la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare) estudiadas en el Congreso Nacional en el 2020 y 2021, pero sin avances.
“Había siempre esta controversia, a ver si la institución salía del ámbito del Poder Judicial, se salía del ámbito del Poder Ejecutivo, y nosotros tomamos la decisión de mirar el bosque y no concentrarnos en el árbol”, expresó el presidente Peña.
Dijo que ya está decidido que el proyecto de unificar los registros pase a depender del Poder Judicial, con la fusión entre el Servicio Nacional de Catastro y la Dirección de Registros Públicos.
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En otro momento, Peña indicó que la situación de los catastros y títulos de propiedad es bastante precaria, lo que representa un freno para las inversiones y la seguridad institucional.
“Le pedimos a un juez que decida quién es el dueño de la tierra cuando no le dimos a ese juez los elementos técnicos para que el pueda verificar; entonces hay un problema de base, de origen, en lo que es la tenencia de la tierra”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.
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La idea de fusionar instituciones no es nueva. En 2013 se presentó un primer proyecto de ley que creaba el Sistema Nacional de Catastro Registral (Sinacare). En 2014 se presentó un segundo proyecto de ley que creaba la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos. Y en 2020 se presentó un tercer proyecto de ley que creaba el Sinacare y la Dinacare.
Todos estos proyectos tenían los mismos objetivos generales: buscar un uso eficiente del recurso tierra y brindar las bases para un mejor ordenamiento territorial del Paraguay. De aprobarse otra reforma al sistema de ordenamiento territorial, el componente de fortalecimiento institucional debe ser bien definido de manera a garantizar el mantenimiento y actualización catastral, logrando la sostenibilidad de las inversiones.
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El sistema de ordenamiento territorial que rige en Paraguay está conformado por tres instituciones: Dirección General de Registros Públicos (DGRP), dependiente del Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y el Departamento Agrimensura y Geodesia (DAG) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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En la práctica esta estructura no ha sido capaz de poner a disposición de los ciudadanos los registros públicos de manera eficiente. Esta situación puede dificultar la planificación del desarrollo urbano y la toma de decisiones informadas.