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El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, volvió a dejar pasar el “plazo autoimpuesto” para responder al pedido de informes de la Cámara de Diputados con respecto al destino de los G. 500.000 millones de los bonos, dado que el verdadero plazo había vencido ya el pasado lunes.
El abogado Ezequiel Santagada, uno de los que promovieron acciones judiciales contra la administración de Rodríguez, explicó que, al menos en su caso, solicitó la misma información que había pedido la Cámara de Diputados, ante la clara posibilidad de que el intendente no responda.
“Como en la Cámara (de Diputados) hay mayoría afín a su movimiento, es difícil que hagan algo. Insistieron ahora con el pedido de informe, pero no creo que lo interpelen ni que pase a mayores porque es una cuestión política”, dijo el abogado.
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“Sabemos que falta el dictamen de la Contraloría, que avisó el contralor que iba a llevar un tiempito, y bueno, eso probablemente termine con alguna denuncia ante el Ministerio Público”, añadió.
Bonos fantasmas: abogado recurrirá a la Justicia si hay desacato
El abogado explicó que en el caso de que el intendente no responda a las órdenes judiciales conseguidas por el concejal Grau y por él mismo se expone a un proceso por desacato especial.
“En mi caso, seguro, si no llega a cumplir el 8 de julio antes de la medianoche, pues el 9 le estaré comunicando esto a la jueza e iniciar el procedimiento sancionatorio previsto en la ley”, explicó.
Refirió que la ley de acceso a la información pública prevé un desacato “especial” que implica una sanción de 300 días multa y una suspensión en la función pública hasta por dos años.
Consideró que muy probablemente el intendente no presente los documentos porque solamente pondrá en evidencia “el pésimo manejo de los recursos provenientes de los bonos”.
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Desacato: ¿”Nenecho” podría perder el cargo?
En ese sentido, el abogado fue muy claro al señalar que en un caso “ideal” podría pasar, pero que si tenemos en cuenta los verdaderos tiempos de la Justicia resulta muy difícil y que muy probablemente este caso no esté resuelto antes de 2026, cuando el intendente ya esté terminando el periodo.
Lo que sí podría afectar, en caso de una eventual condena a 2 años de suspensión en la función pública, como prevé la ley, es una eventual candidatura a otro cargo, siempre y cuando el plazo de suspensión interfiera con el de la asunción al mismo.