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La iniciativa de la convocatoria surgió ya el 23 de mayo, cuando la Bancada Democrática (opositora) del Senado cursó invitación al ministro de la Senad, Jalil Rachid, para dialogar con él sobre hechos vinculados al caso A Ultranza Py, pero el funcionario rechazó ese convite, lo cual motivó un fuerte reclamo de los legisladores y, finalmente hubo una citación ya más contundente a través del presidente de la Cámara de Senadores, Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), que ya no puede eludir.
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En la citada nota de la bancada, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) argumentó que la citación a Rachid se hace debido a la gravedad de los datos que hay en la acusación de la Fiscalía, de una supuesta fuga interna de datos de la Senad para ayudar a supuestos narcotraficantes.
“Las recientes publicaciones en medios de prensa sobre el proceso penal llevado en contra del Sr. Miguel Ángel Insfrán en el marco del Operativo A Ultranza, sugieren que la estructura criminal desbaratada operaba con el auxilio de datos sensibles filtrados desde la Secretaría Nacional Antidrogas”, hecho que de comprobarse “sería sumamente grave”, señaló Martínez en la nota.
Ante la primera invitación, Rachid se negó a asistir alegando que el bloque opositor no tenía la potestad para convocarlo, lo que motivó que le llovieran críticas, como de la misma Martínez, quien hizo un paralelismo con la concurrencia del presidente Santiago Peña y sus ministros ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, presidido por Horacio Cartes.
“Para el cartismo en general y el Ejecutivo en particular, importa la institucionalidad cuando se trata de la oposición, pero no cuando se maneja el Estado desde un quincho”, recriminó Martínez.
El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, consideró oportuna la convocatoria y le cursó la invitación a Rachid ya en nombre de la Cámara Alta, para hoy a las 9:00, en la sala de mesa directiva y con presencia de los líderes de bancada.
Sospecha de un “topo”
La investigación del Caso A Ultranza salpicó colateralmente al agente de la Senad Mauro Ruiz Díaz Vallejos, quien estaba comisionado a la Cámara de Diputados desde noviembre del año pasado hasta el 23 de mayo último, ya que según Rachid sería uno de los investigados penalmente por filtraciones de datos de la institución para ayudar a la presunta banda criminal integrada por Tío Rico.
Aunque Ruiz Díaz no es citado nominalmente en los chats donde se menciona a supuestos agentes “desleales” de la Senad, legisladores de ambas cámaras, entre ellos el diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional), expresaron su temor de que por su experiencia en “escuchas telefónicas” el agente haya podido ser llevado al Congreso para implementar un esquema de “espionaje” a opositores.
Salpica a Erico Galeano
El caso A Ultranza Py, aunque es una causa penal aparte, está conectado con la acusación penal por presunto Lavado de Activos y Asociación Criminal que hay contra el senador cartista Erico Galeano, que según la Fiscalía está ligado a Tío Rico y al prófugo Sebastián Marset.
La acusación contra Galeano, además de sostener documentalmente que la avioneta a nombre de una de sus ahora exempresas (Alpina SA) era utilizada por Marset e Insfrán, dice que también vendió una lujosa propiedad en Altos a un presunto prestanombre de Tío Rico. El inmueble ubicado en el barrio cerrado Aqua Village fue vendido por US$ 1 millón a Hugo Manuel González Ramos, señalado por la Fiscalía como testaferro de Miguel Ángel Insfrán.
Defensa de agente niega vínculos
El agente de la Senad Mauro Ruiz Díaz, a través de su abogado Milciades Centurión, desde el momento de su descomisionamiento de Diputados, negó tener participación en las supuestas filtraciones a procesados por “A Ultranza” desde la Senad.
Se basan en que en los chats que obran en la acusación derivada del operativo “A Ultranza Py” no se mencionan nombres sino solamente se cita a la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT) de la Senad. La institución antidrogas, en 2022 presentó denuncia penal para que la Fiscalía investigue la supuesta filtración de datos, sin embargo hasta ahora no hubo avance. El caso está a cargo de los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia.