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Ayer, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una audiencia pública para debatir el proyecto de ley que establece aumento al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de tabaco en el orden del 2% sobre lo establecido en la Ley 6.380/20 en su artículo 115 y cubrir el déficit que quedó en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) con el redireccionamiento de Fonacide a la ley Hambre cero.
“No queremos que vuelvan a pasar por una situación mendicante. En principio pedimos 2% (de aumento)”, dijo el proyectista Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), que no obstante advirtió que se necesita mucho “para calzar ese despojo de presupuesto de G. 85.000 millones” que se produjo tras el proyecto y ahora ley Hambre cero.
Acotó que Incan tiene un presupuesto de G. 470.000 millones al año, de los cuales G. 342.000 millones van para medicamentos, que incluso con los nuevos recursos no serían suficientes para cubrir la necesidad.
Todas las asociaciones de pacientes y sus familiares y hasta el Ministerio de Salud apoyaron la iniciativa, que encontró la férrea oposición de la Unión Tabacalera del Paraguay (UTP), liderada por José Ortiz Escauriza, hombre de confianza de Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado.
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“Consideramos que es un aumento moderado el 2%” y sobre todo, con base en los “cálculos de carga de enfermedad y de impacto a las políticas públicas, esto es nada (para los tabacaleros), pero es mucho para los conciudadanos que sí van a ser beneficiados en su tratamiento”, dijo la directora de Estadísticas en Salud del la cartera sanitaria, Dra. Graciela Gamarra, quien expuso contundentes datos (ver info), justo en vísperas al Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora hoy, y remarcó que el aumento impositivo es la medida más efectiva no solo para cubrir gastos, sino para prevenir enfermedades relacionadas al tabaquismo, y sobre todo evitar que caigan en el vicio menores de edad.
“Si ponemos en la balanza lo que puede afectar a la empresa y al trabajo (tabacalero) es nada, y más si ponemos (del otro lado) las vidas humanas que vamos a salvar. Una vida humana que salvemos es extraordinario. Cada vida no tiene precio”, enfatizó la médica.
También apoyó que este aumento se dé por ley, a fin de que ningún presidente o ministro pueda revertirlo fácilmente. Lastimosamente no hubo representantes del Incan, cuyo presupuesto se estaba defendiendo.
Desgarrador pedido en favor de pacientes con cáncer
Gloria Capello, representante de las fundaciones de cáncer del país, fue enfática en decir que lo que ya no quieren es tener que mendigar ni suplicar a políticos por algo que es un derecho.
“Que los tratamientos puedan llegar a todos los hospitales, porque no está solamente el Incan, está el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital San Pablo, pero siempre hay que estar recurriendo a pedir favores, y eso es lo triste, deambular y peregrinar cuando debería ser un derecho establecido”.
Entre la decena de testimonios, el de Viviana Céspedes, quien perdió a una hermana por leucemia tras verse forzada a buscar ayuda en Argentina, ya que en Paraguay no habían recursos, fue uno de los más dolorosos.
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“Entre quimio y quimio tuvimos que despedirla por no poder llegar a tiempo. A lo mejor si todo lo teníamos en nuestro país, eso lo íbamos a poder lograr”, relató intentando contener la lágrimas por la impotencia.
Aducen tema político contra Horacio Cartes
La Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP) presentó por escrito sus argumentos por el rechazo, los cuales fueron leídos por la representante Vania Lima, pero el documento estaba firmado por el presidente del gremio, José Ortiz Escauriza, que siguió en modo virtual la audiencia.
“No podemos dejar de mencionar que atacar al sector tabacalero siempre tiene un rédito político para quienes lo hacen y les otorga mucha visibilidad mediática, más aún cuando una persona prominente en la política hasta hace poco era accionista de la mayor industria tabacalera de nuestro país”, dice la postura del gremio, haciendo clara alusión como “víctima” a la figura del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.
Este último, tras las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, tuvo que desprenderse de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), empresa que ahora preside Ortiz, que es su mano derecha.
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“El sector tuvo aumentos del 200% desde el 2023 hasta la fecha, ya ha sido fuertemente castigado”, alegaron, citando entre otras cosas que pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) -que paga el consumidor final-, Impuesto a la Renta Personal, Impuestos a los Dividendos y Utilidades (IDU) y las cargas laborales (que pagan todos los empresarios), y sin tener en cuenta que su actividad impacta directamente en la salud pública.
El diputado cartista Néstor Castellano, uno de los presentes, dijo que puede haber intereses políticos, pero también genuinos, por lo que analizarán este proyecto en bancada.