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Unas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) de Paraguay -Aireana, Alma Cívica, Alter Vida y Alvida entre ellas- emitieron un comunicado en el que reafirman su “compromiso con la transparencia” y también legitiman la “cooperación para el desarrollo y la democracia en el país”.
Este escrito se da ante “expresiones señaladas por diferentes actores políticos que buscan instalar desconfianza y prejuicios hacia las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Paraguay”, refieren.
“Las OSFL que trabajamos en el marco de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas para el desarrollo democrático y, que, además, contamos con una conocida trayectoria en el país, estamos siendo atacadas por grupos políticos que intentan dañar la imagen de las organizaciones y socavar el trabajo esencial que realizamos en beneficio de la participación ciudadana”, aseguran.
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Asimismo detallan que estos “ataques” se dan en la línea con el proyecto de Ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las OSFL” que se encuentra en estudio en el Congreso Nacional y que para las organizaciones, esta ley “apunta a debilitar e impedir el protagonismo de la ciudadanía para el funcionamiento de la democracia”.
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Organizaciones hablan de “momento crítico”
Según las organizaciones, actualmente “nos encontramos ante un momento crítico para la seguridad jurídica de la democracia” ya que este proyecto de ley -presentado por el cartismo y sus aliados- “representa un grave riesgo para el desarrollo y el progreso de nuestro país y es fruto de un autoritarismo que amenaza el ejercicio activo de la ciudadanía y debilitar la sociedad”.
Argumentan también que las OSFL ya están regidas por diversas normativas de control, transparencia y gestión y ante esto sostienen que este proyecto de ley “solo tiene por objetivo, perseguir, amedrentar y asfixiar a la actoría ciudadana con disposiciones vagas y ambiguas, requisitos onerosos, al igual que sanciones desproporcionadas que podrían atentar contra la libertad de asociación, apeligrar la democracia participativa y poner en riesgo la seguridad jurídica, tan fundamental para el Estado de Derecho”.
“Reafirmamos nuestro firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la cooperación, la promoción y el fortalecimiento de las políticas públicas que favorezcan el desarrollo y el bienestar de nuestro país; no podemos permitir que intereses políticos y autoritarios prevalezcan sobre el bien común”, agregan.
Finalmente, las organizaciones, como miembros de la sociedad, aseguran permanecer “firmes en defensa de la democracia, la transparencia y la justicia social”, ya que corresponde a un “derecho y deber” alzar su voz “en contra de cualquier intento de debilitar y perjudicar nuestra labor” y por esto hacen un llamado a los parlamentarios a “circunscribir sus anteproyectos de ley en el marco de nuestra Constitución Nacional” y con esto, “no salir de la normativa que establece ese contrato social que tenemos como sociedad, para la convivencia democrática y pluralista”.
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