Canciller y presidente de ANDE hacen “vacío” a audiencia sobre Itaipú en el Congreso

Tanto el canciller Rubén Ramírez Lezcano como el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa, rechazaron invitaciones para participar hoy de una audiencia pública sobre las negociaciones por la tarifa de energía de la Itaipú Binacional que convocó el diputado opositor Raúl Benítez.

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Este martes, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que su presidente, Félix Sosa, no asistirá a la audiencia pública sobre las negociaciones de la tarifa por la energía hidroeléctrica producida por la Itaipú Binacional, programada para hoy en el Congreso Nacional.

En una nota dirigida al diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional), la ANDE informa que Sosa no asistirá a la convocatoria debido a “compromisos de último momento relacionados a cuestiones institucionales impostergables” que el escrito no especifica.

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Igualmente, el canciller Rubén Ramírez Lezcano rechazó una invitación para participar en la audiencia.

Un escrito dirigido al diputado Benítez y firmado por Víctor Verdún, viceministro de Relaciones Exteriores, justifica la negativa señalando que el ministro Ramírez ya asistió a una reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el pasado 14 de mayo, en la que “se dieron detalles sobre aspectos vinculados a las negociaciones relativas a la Itaipú Binacional, específicamente al sustantivo acuerdo alcanzado el 16 de abril”.

Dudas sobre el acuerdo

En esa fecha, los gobiernos de Paraguay y de Brasil acordaron establecer en 18,29 dólares por kilovatio/mes la tarifa por la energía de Itaipú para este y los próximos dos años.

En la ocasión, el presidente Santiago Peña catalogó el resultado de esas negociaciones como un logro para Paraguay, alegando que resultaría en un ingreso anual adicional de 1.250 millones de dólares para el país.

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Sin embargo, a juicio de actores políticos opositores y expertos en materia energética que ponen en duda las afirmaciones del Poder Ejecutivo, las explicaciones dadas hasta ahora por el Gobierno no han dejado totalmente en claro exactamente cuál será el beneficio económico resultante de las negociaciones para el país o si apuntar a una tarifa más alta que la anterior era lo más conveniente para los intereses paraguayos.

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