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Ayer, en reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se acordó plantear la postergación del proyecto de ley “que modifica los artículos 13, 19 y 24 de la Ley N° 4.423/11 - Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública (MDP)”, atendiendo la necesidad de un mayor debate, y sobre todo, teniendo en cuenta que ya está avanzado el proceso de designación del nuevo titular de este ente, en el Consejo de la Magistratura (CM).
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El proyecto de ley presentado por el diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) plantea equiparar la figura del Defensor General (titular) del Ministerio de la Defensa Pública con el Fiscal General del Estado, que sobre todo afectará sustancialmente el sistema de designación y remoción de los mismos.
“Tomamos la decisión de proponer la postergación para poder ahondar más en el análisis, considerando que si hoy (ayer) hubiéramos sacado un dictamen favorable, y mañana (hoy) se aprueba, ya no va a tener efecto sobre el proceso que está llevando adelante el Consejo de la Magistratura”, indicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana).
El mismo hizo alusión a que el CM está en la recta final para la conformación de la terna a ser remitida a la Corte, que hasta ahora es la encargada de elegir al Defensor General, mediante procedimiento similar a los magistrados judiciales.
Lo que propone el proyecto que se encuentra en primer trámite en Diputados es que se aplique para la designación de Defensor General, el mismo procedimiento establecido en el artículo 296 de la Constitución la para la elección de Fiscal General,
Esto implica que en vez de la Corte, sea al presidente de la República, el que en base a terna remitida por el CM, designe al titular de la Defensa Pública, cargo actualmente ocupado por la liberal llanista Lorena Segovia Azucas.
Si el proceso sigue sin ser interrumpido, se estima que para mediados de mayo el Consejo de la Magistratura ya remita la terna a la Corte con los tres candidatos a Defensor General.
Copamiento cartista
En el caso de que prospere la iniciativa de cambiar la forma de designación del titular del Ministerio de la Defensa Pública, preocupa que el cartismo siga con su proceso de copamiento, que ya está bastante avanzado en varios niveles.
Honor Colorado tiene actualmente mayoría en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y en el Consejo de la Magistratura (CM), mientras que a duras penas mantiene cierta independencia la Corte Suprema de Justicia. También se cuestiona la labor de la Fiscalía, que da trámite expeditivo a causas de interés del cartismo, y tiende a congelar o “blanquear” las que no.
Analizarán expropiación en Asunción
En el punto 13 del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, fijada para las 9:00, figura para su tratamiento el proyecto de ley de expropiación presentado la semana pasada, para expropiar un predio en disputa en Asunción, que posee un centenar de árboles añosos, y que pretenden se convierta en espacio público en vez de un supermercado.
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El proyecto de ley “que declara de interés social y expropia a favor de la Municipalidad de Asunción, las fincas Nº 24.194 y Nº 24.786, con cuentas catastrales Nº 12-0274-17 al 25, 12-0274-41 al 50 del distrito de San Roque de la Capital”, fue presentado de manera “urgente” ante el inicio de los trabajos de limpieza en el predio, que se encuentra a metros del arroyo Ferreira de Asunción.
Una de las proyectistas, diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) ayer hizo “lobby” ante varias comisiones para conseguir dictámenes y procurar hoy la media sanción. El terreno pertenece a la Asociación de Jubilados de la ANDE, y fue arrendado para construir un supermercado, pero buscan que se convierta en espacio verde para vecinos del barrio San Vicente.
Subsidio a adultos mayores
A consecuencia de que la semana pasada no se pudo tratar por falta de quorum, la Cámara de Diputados volvió a incluir en el orden del día de sus sesión ordinaria de la fecha el proyecto que plantea modificar el sistema de inscripción automática de adultos mayores al programa de subsidio estatal destinado a los mismos.
El proyecto de modificación pretende ampliar el espectro de beneficiarios, estableciendo que “todo paraguayo/a natural o naturalizado, con por lo menos 5 (cinco) años de residencia o extranjero con por lo menos 30 (treinta) años de residencia” será pasible de este subsidio, obviamente, siempre que no esté comprendido en las prohibiciones de la propia norma.
En la ley actual no se contempla el beneficio para ninguno que no sea paraguayo natural.
Como impedimentos para ser beneficiario figura básicamente el tener fuentes de ingreso, tales como un salario o jubilación, sea pública o privada, o ser beneficiado con algún otro programa estatal.
Otra reforma que se plantea es que la verificación de los requisitos no tarde más de 30 días.