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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el exjuez Pedro Mayor Martínez comentó sobre la anulación de la decisión del Senado de restituir los fueros de los legisladores colorados cartistas Hernán Rivas y Erico Galeano, y el opositor Rafael Filizzola, cuya inmunidad parlamentaria les había sido retirada para que enfrenten distintos procesos judiciales.
El miércoles, el Senado resolvió dejar sin efecto la resolución por la cual devolvió los fueros a los senadores Rivas, Galeano y Filizzola, una medida inédita que fue catalogada como inconstitucional por el Ministerio Público y varios expertos judiciales, y que habría tenido como efecto la pausa en las investigaciones a esos parlamentarios, según señaló el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
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El exjuez Martínez señaló que la acción del Poder Legislativo de anular los desafueros constituye una violación consumada de la Constitución Nacional desde el momento en que la decisión se trasladó a una resolución que fue comunicada a los jueces de las causas pertinentes y al Ministerio Público.
Enfatizó que, a pesar de que la medida impulsada por legisladores colorados cartistas haya sido anulada, “la violación constitucional está consumada, la rotura del equilibrio de poderes es flagrante”.
Corte Suprema debió actuar
Opinó que la Corte Suprema de Justicia debió “tomar el toro por las astas” antes de que la decisión del “des-desafuero” fuera oficialmente tomada y haber convocado a una reunión de poderes para dejar sentada su postura sobre la constitucionalidad de la acción, y cuestionó que la máxima instancia judicial no se haya pronunciado hasta ahora sobre el caso.
Agregó que enfrentar el intento de “des-desafuero” impulsado por el cartismo con una acción de inconstitucionalidad ante la Corte habría supuesto “seguirles el juego” a los cartistas, señalando que la Corte suele tardar varios meses en pronunciarse sobre acciones de ese tipo en casos de alto perfil.
Como ejemplo señaló la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora opositora Kattya González, luego de su expulsión del Senado, medida también impulsada por el cartismo. Más de dos meses después de presentada la acción, la Corte aún no se ha expedido al respecto.
No será el último intento de atropello
Finalmente, el exjuez Martínez enfatizó la importancia de que el Ministerio Público se manifieste claramente sobre si el “avasallamiento de un poder del Estado” que se observó en el intento de “des-desafuero” constituye o no un delito.
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“Esto tuvo un impacto en el sistema de Justicia”, dijo, y advirtió que no será el último intento del cartismo de atropellar las normas constitucionales “si esta conducta no se califica como ilícita”.
