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Mientras se presentan interminables quejas de pacientes que acuden a hospitales públicos o al Instituto de Previsión Social (IPS), la realidad para ciertos funcionarios públicos es completamente diferente, como en el caso de los del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ente que firmó un millonario contrato por el servicio de seguro médico privado para ellos.
La entidad manejada por Carlos Giménez acordó por un monto mínimo de G. 19.200.000.000 y un monto máximo (que es normalmente el que se termina gastando) de G. 38.400.000.000, con la empresa Protección Médica SA (Promed), representada por el señor Alfredo Gabriel Menini Aracet, firma que hace poco fue absorbida por otra empresa del ramo.
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Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la vigencia del contrato del seguro médico es de 24 meses desde su firma, que se realizó a finales de marzo último, de acuerdo con los documentos publicados. Resalta que el único oferente que se presentó al llamado fue justamente Promed.
Todo el proceso hasta la adjudicación se realizó bajo la administración de las actuales autoridades del ente. Arrancó a finales de noviembre del año pasado y se adjudicó a finales de marzo. El encargado de firmar en representación de la cartera agrícola fue Rigoberto Mazari Espínola, actual director del MAG, pero que ya trabajó con el ministro Giménez en su época de gobernador del departamento de San Pedro (2018-2023).
Alcance del seguro
En lo que respecta al alcance del contrato, el documento publicado señala que alcanza a los funcionarios permanentes del MAG. “Se entenderá por grupos familiares casado o cónyuge ya sea por matrimonio formal o por unión de hecho debidamente documentada. Sus hijos hasta los 25 años con capacidades diferentes mentales incluso personas que se encuentren bajo el régimen de tutela judicial”, dice.
Resalta que serán beneficiados los hijos del cónyuge hasta los 25 años, hijos discapacitados mentales o físicos sin límites de edad.
“La unión de hecho podrá ser acreditada como válida con la presentación de una Declaración Jurada firmada por los cónyuges. Durante la vigencia del contrato el titular no podrá sustituir al beneficiario declarado inicialmente, salvo que contraiga matrimonio con una persona distinta”, menciona en otra parte.
Las estimaciones que aparecen en el contrato abarcan a más de 1.700 beneficiarios y, según los cálculos, sería G. 1 millón al mes por asegurado lo que se deberá pagar.
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Tratamos de tener la versión del ministro, pero hasta el cierre de la redacción de este informe no tuvimos retorno de su número con terminación 035.
En San Pedro
El actual ministro de Agricultura no resalta aparentemente por ser uno de los mejores administradores de los recursos que salen del bolsillo de los contribuyentes. Como gobernador de San Pedro, habría dejado muchos clavos si tomamos como referencia la auditoría externa que realizó Global Trade Consult International, que habla de desembolsos sin respaldo suficiente. Además del reporte de la Contraloría General de la República (CGR), que en un informe de más de 400 páginas habla de un perjuicio patrimonial de más de G. 16.000 millones en el ejercicio fiscal 2022, con Giménez al frente de la administración de la gobernación.