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Más irregularidades arroja el cuaderno de investigación por el cual los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti sustentan la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete. Esta vez sale a la luz el aparente apuro que tuvo Aldo Cantero por tomarles las declaraciones a los comisarios Luis Gustavo López y Luis Ignacio Arias.
Las testificales señalan que Luis López acudió el 27 de setiembre de 2023 por ser punto de contacto de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat (RRAG), en representación de la Policía Nacional, cuando se “filtró” el pedido de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes. En tanto que Luis Arias fue indagado porque en ese lapso era comandante, según el documento con fecha 6 de octubre de 2023.
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La cuestión llamativa es que ambas fechas en las cuales se tomaron las declaraciones a los comisarios son previas a que el fiscal Cantero remitiera el pedido de informes y recibiera una respuesta de la Policía Nacional. Los registros detallan que la Fiscalía envió el 4 de octubre de 2023 el oficio a la Comandancia, en el cual pidió específicamente informar si la institución tiene acceso al RRAG y qué funcionarios estaban designados entre junio de 2021 y febrero de 2022.
Es decir, el fiscal Cantero le tomó la testifical al comisario Luis López sin confirmar con la Policía Nacional quién tenía acceso a la red de Gafilat.
Más llamativo es que la Comandancia de la Policía Nacional respondió al requerimiento fiscal el 9 de octubre de 2023. 3 días después de que el excomandante Luis Arias también ya declarara por la supuesta filtración.
Luis López, en informe de Seprelad
El único documento que menciona al comisario Luis López antes de su declaración testifical es el informe que remitió la exfiscala anticorrupción y actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. El documento tiene fecha 8 de setiembre de 2023.
En ese informe Alcaraz dice que los puntos de contacto para el RRAG entre junio de 2021 y febrero de 2023 eran Luis López, por la Policía Nacional; Víctor Lird, por la Seprelad; y Josefina Aghemo, por el Ministerio Público. Esta última figura en el documento, a pesar de que renunció a la Fiscalía el 22 de setiembre de 2020.
No se verificaron datos con Fiscalía
Otro punto bastante sugestivo es que a pesar de que el informe firmado por Liliana Alcaraz menciona tres nombres, el fiscal Aldo Cantero solo convocó para indagación al comisario Luis Gustavo López. Es mucho más sospechoso que la actual titular del organismo, que debe prevenir el lavado de dinero, tampoco informó que ella fue designada ya en 2020 por la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez para reemplazar a Josefina Aghemo.
Incluso, el comisario Luis López la mencionó en su declaración testifical.
Alcaraz admitió a ABC que fue designada inmediatamente luego de la renuncia de Aghemo en setiembre de 2020. Sin embargo, afirmó que no tenía usuario ni clave para ingresar a la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG), por lo que no se consideraba punto de contacto. Recién accedió a la contraseña el 7 de marzo de 2022, afirmó.
Culpó de esa situación al entonces titular de Seprelad, el imputado Carlos Arregui, ya que, según ella, era su responsabilidad como coordinador nacional del Gafilat “que todos los puntos de contacto tengan sus claves y usuarios”.
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Arregui, por su parte, reconfirmó que Alcaraz desde el momento en que fue designada se convirtió en punto de contacto. Añadió que si no tenía usuario o clave solo dejaba al descubierto su inoperancia.
Lo cierto y curioso es que el fiscal Aldo Cantero no verificó los datos con el Ministerio Público y mucho menos abrió una pesquisa contra Liliana Alcaraz.
Antilavado cumplió con el protocolo
Un punto que en ninguna parte de su relato hacen mención, sugestivamente, los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Griseti tiene que ver con las notas remitidas en enero de 2022 por el entonces titular de Seprelad, Carlos Arregui. Este último, luego de la “filtración” del pedido de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes, envió tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público notas en las cuales, entre otras cosas, solicitaba los datos del funcionario/a designado/a como punto de contacto y autorización para el acceso y administración de la plataforma RRAG.
Asimismo, pedía informar el protocolo de manejo de la información recibida en la plataforma, indicando los canales de resguardo de la información y las personas afectadas al conocimiento y manejo de la misma en su institución. El pedido era implementar nuevas medidas interinstitucionales de confidencialidad y de seguridad.
En la carpeta solo aparece la respuesta de la Policía Nacional.