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El dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, que recomienda aceptar el rechazo en segundo trámite del Senado, atendiendo a que el proyecto ni siquiera tiene un censo de beneficiarios ni fuente de financiamiento.
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Sin embargo, lo más grave que menciona esta comisión es que el problema mayor no es la plata que no hay ni la lista de dudosos beneficiarios, “el problema es que no corresponde porque no hubo vínculo laboral con el Estado”.
Haciendo un paralelismo, la situación es similar al reclamo de exobreros de Itaipú, que en realidad eran subcontratados de empresas privadas para la construcción de la represa.
La iniciativa ni siquiera tiene claro cuánto le costará al Estado en el caso de que quede promulgado, ya que solamente establece que se podrá pagar hasta 20 jornales mínimos (G. 53.607.460 para cada beneficiario), y extraoficialmente se estima que podrían ser un total de 60 personas.
En el caso de que dicha cantidad de beneficiarios sea tal -en duda ya que no hicieron censo-, costaría unos G. 3.216.447.600, sin que se especifique fuente de financiamiento ni órgano de aplicación de la ley.
En el mismo sentido, es decir por aceptar el rechazo, se pronunció la Comisión de Presupuesto. Pese a todas las deficiencias, el proyecto había tenido media sanción de Diputados en junio del año pasado.