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El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a cargo del secretario Antony Blinken, emitió hace un año un informe de los países sobre prácticas de derechos humanos del año 2022, y en uno de sus apartados sobre Paraguay resaltó la endémica impunidad de los funcionarios del gobierno y la lentitud de las investigaciones de los funcionarios públicos por los hechos de corrupción.
De acuerdo con el “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″ hecho por la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, el Paraguay no implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios.
Detalla los cientos de casos de malversación de fondos, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación delictiva que fueron denunciados mediante los medios de comunicación; sin embargo, las investigaciones desde el Ministerio Público, en ese entonces en manos de Sandra Quiñónez, fueron hechas con lentitud.
“Las investigaciones y acusaciones de corrupción del Ministerio Público por lo general procedieron con lentitud y tardaron varios años en llegar a un veredicto en los tribunales”, señala el documento oficial.
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El informe indica además que políticos y personas influyentes condenados en tribunales inferiores evitaban la sentencia al presentar apelaciones y mociones o solicitar con éxito la destitución o suspensión de jueces y fiscales.
Así lo hacían hasta el plazo de cuatro años, límite de tiempo para los casos judiciales. Menciona también algunos hechos ocasionales de condenas por corrupción de funcionarios públicos, pero que son de nivel bajo y medio.
“Los funcionarios públicos de alto rango disfrutaron de un alto grado de impunidad”, manifiesta el texto. Destaca la politización y la corrupción que permea en todo el Poder Judicial, particularmente en los tribunales inferiores y las oficinas regionales.
El Departamento de Estado de EE.UU. califica la impunidad de funcionarios públicos de alto nivel del Paraguay como “endémica”. A pesar de que la prensa denuncia los casos de exministros, intendentes, gobernadores, los funcionarios evitaron ser procesados por corrupción y otros delitos, según el informe oficial.
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Sanciones
En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. designó “significativamente corrupto” al expresidente Horacio Cartes (ANR), y en agosto del mismo año calificó de igual forma al entonces vicepresidente Hugo Velázquez (ANR). También canceló sus visas y las de sus familiares. Luego, en enero de 2023, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras a Cartes y a Velázquez.