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En comunicación con ABC Cardinal, Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina (FNC), anticipó la realización de la tradicional marcha anual de campesinos e indígenas en Asunción que tendrá lugar hoy a partir de las 08:00.
La marcha comenzará en el Seminario Metropolitano, en cuyo predio se encuentran reunidos desde ayer los campesinos, y recorrerá las avenidas Kubitschek, Eusebio Ayala y General Santos, y las calles General Aquino, Azara y Chile hasta la Plaza de Armas, en el microcentro de la capital, donde tendrá lugar a las 10:00 el acto central.
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La edición 30 de la marcha campesina plantea los reclamos recurrentes de los labriegos, incluyendo el abandono de las clases campesinas e indígenas ante la crisis productiva y los embates climáticos, y lo que la FNC considera la “criminalización” de la lucha campesina y la inequidad en la distribución de tierras.
Pero este año el contexto político de “retroceso en cuanto a las libertades públicas y de expresión, el proceso democrático y el funcionamiento de la institucionalidad republicana” es también uno de los principales puntos de protesta, según dijo Gómez.
La Fiscalía, “instrumento de persecución y criminalización”
“La instrumentalización de las instituciones por un pequeño grupo es un retroceso”, señaló y puso como ejemplo al Ministerio Público, que actualmente está en el centro de una grave crisis política luego de que se revelaran indicios de colusión entre la Fiscalía y un abogado del expresidente Horacio Cartes en la preparación de una imputación al expresidente Mario Abdo Benítez y exfuncionarios de su gobierno a quienes Cartes acusa de haber filtrado información confidencial para perjudicar su imagen.
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Gómez señaló el peligro de que el Ministerio Público sea utilizado como “instrumento de persecución y criminalización” y de “lucha contra las libertades públicas y el proceso democrático” y enfatizó que “hay que estar más que nunca en alerta” y oponerse a proyectos autoritarios “a través de la fuerza movilizada y organizada”.
“Las libertades públicas son innegociables”, subrayó.
Insistió en que el contexto sociopolítico actual evidencia un “retroceso hacia prácticas autoritarias con las que tenemos experiencias muy lamentables” y señaló que Paraguay sigue pagando las consecuencias de la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Agregó que es necesario que la oposición política del país y las organizaciones sociales y de la clase obrera trabajen de manera articulada en base a acuerdos programáticos para lograr al menos un equilibrio de fuerzas con el oficialismo y poder servir de contrapeso.
Hacer cumplir las leyes ambientales
En otro sentido, Gómez se expresó sobre las controversias en torno a las negociaciones comerciales entre Paraguay y la Unión Europea, que pone condiciones de cuidado del ambiente para la concreción de esos acuerdos que son resistidos por muchos gremios de la producción en el país.
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Gómez argumentó que el cambio climático y sus consecuencias son un problema concreto que debe ser mitigado y señaló que Paraguay ya cuenta con muchas leyes propias en relación a asuntos ambientales como la deforestación, el manejo de suelo, la cobertura boscosa, la protección de los arroyos y prácticas aceptables de fumigación, pero que esas leyes no son respetadas.
Argumentó que si Paraguay hiciera respetar las leyes ambientales que ya tiene vigentes cumpliría las condiciones ambientales para negociar con el bloque europeo sin que haya una vulneración de su soberanía.
Insistió en que las condiciones anormales del clima, como el calor excesivo y la sequía prolongada, son “cada vez más un problema para la sociedad y sobre todo para los pequeños productores”.