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La empresa beneficiada es L.A. Business SA, de Ciudad del Este, que tiene como socios propietarios al ecuatoriano Luis Fernando Álvarez Jaramillo y a la brasileña Sandra de Oliveira.
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El pasado 13 de febrero, la Sala Constitucional de la CSJ (integrada por los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander) firmó el AI Nº 27, mediante el cual se dio lugar a una acción de inconstitucionalidad presentada por L.A. Business SA, contra varios artículos y decretos que reglamentan y controlan el ingreso de alimentos al país.
Con el AI a su favor, dicha empresa puede importar todo tipo de productos alimenticios o derivados sin tener registro sanitario, una documentación obligatoria que garantiza que los productos importados no serán nocivos para la salud de la población.
Esta situación hizo que gremios de varios rubros vinculados con la importación de alimentos, elementos médicos, farmacéuticos, de perfumería y otros se unieran y, en un inédito comunicado, hicieron saber su total repudio a esta medida de la máxima instancia judicial.
Según el comunicado, tener registro sanitario para importar productos es una exigencia del Código Sanitario, que es acatada por todas las empresas que integran estos gremios con el objetivo justamente de resguardar la salud de sus consumidores.
Riesgo y desconfianza
“El otorgamiento de estos tipos de medidas que permiten franquear el cumplimiento de la exigencia del Registro Sanitario, no solo pone en riesgo la salud de la población paraguaya, sino que además destruye las instituciones, quiebra la confianza en el sistema democrático de Paraguay y, en consecuencia, perjudica la ya afectada economía de nuestro país” dice el texto.
El comunicado añade que la Corte Suprema viene otorgando este tipo de medidas desde hace tiempo, beneficiando a empresas específicas, en detrimento de otras que sí cumplen con los requisitos sanitarios, en rubros como perfumes, cremas y demás.
“Insistimos una vez más en que la Corte debe rever su postura y debe erigirse en un verdadero custodio de la Constitución Nacional y de sus normas en general, y no violentar el orden jurídico”, afirma la nota.
Entre los gremios firmantes aparecen el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Cámara de Proveedores (Capro), la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco), la Asociación de Avicultores (Avipar) y otros 14 gremios.
Firma beneficiada aparece en informes vinculados a Erico
La firma L.A. Business SA, beneficiada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una acción de inconstitucionalidad para poder importar productos alimenticios sin tener registro sanitario, aparece en varias oportunidades mencionadas en un informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que se utilizó en la investigación contra el senador cartista Erico Galeano, en el marco del operativo A Ultranza Py, que terminó con la imputación del legislador por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
L.A. Business tiene como socios propietarios al ecuatoriano Luis Fernando Álvarez Jaramillo y a la brasileña Sandra de Oliveira, según documentos de beneficiarios finales del Ministerio de Economía.
Según el informe de Seprelad, el ecuatoriano Álvarez Jaramillo era presidente de la firma Cable del Este SA, cuando esta empresa vendió un inmueble al senador Erico, que se tuvo en cuenta como elemento dentro de la investigación contra el legislador.
Además, el documento de Seprelad señala que Álvarez Jamarillo registra dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), una como actor principal en la firma Sun Forever SA y la otra por estar vinculado como socio de L.A. Business SA.
Supuestamente, Álvarez Jaramillo estaba siendo investigado por estar vinculado a operaciones de importación de productos falsificados, según el documento de Seprelad.
Preocupación
Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), dijo que preocupa la medida de la Corte Suprema, por las implicancias que puede tener el ingreso de cualquier alimento sin control. Según Irala, lo dispuesto va en contra de lo que establece la propia Constitución Nacional.
El INAN también se expresa en contra
El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) también dio su posición contraria a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de permitir a la empresa L.A. Business SA de Ciudad del Este, de poder importar productos alimenticios sin tener registro sanitario, una condición obligatoria para el efecto.
Según el INAN, el permiso a una empresa que no cuenta con los registros sanitarios correspondientes, para importar alimentos, puede poner en riesgo a la población, ya que no se podría determinar si son nocivos para la salud de los consumidores.
Además, recuerda que es el Ministerio de Salud, a través del INAN, el órgano rector de controlar a las empresas importadoras de estos rubros.