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El pasado 13 de febrero, la Sala Constitucional de la CSJ firmó el AI N° 27 mediante el cual se dio lugar a una acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa L.A. Business SA, bajo patrocinio del abogado Steve Perdomo, contra varios artículos y decretos que reglamentan y controlan el ingreso de alimentos al país.
El documento de la máxima instancia judicial del país lleva la firma de los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos.
Con esta medida, dicha firma podrá ingresar al país alimentos, bebidas, aditivos, alimentos dietéticos sin necesidad de tener registro sanitario, una documentación necesaria para determinar que, tanto la empresa importadora como los productos importados, cumplan con los estándares sanitarios para su venta al público.
En informe de Seprelad
La firma L.A. Business SA, que tiene como propietarios al ecuatoriano Luis Fernando Alvarez Jaramillo y a la brasileña Sandra de Oliveira, aparece mencionada en varias oportunidades en un informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que se utilizó en la investigación contra el senador cartista Erico Galeano, en el marco del operativo “A Ultranza py”, que terminó con la imputación del legislador por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
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Según este documento, el ecuatoriano Álvarez Jaramillo era presidente de la firma Cable del Este SA, cuando esta empresa vendió un inmueble al senador Erico, que se tuvo en cuenta como elemento dentro de la investigación contra el legislador.
Además, el documento de Seprelad señala que Alvarez Jamarillo registra dos reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), una como actor principal en la firma Sun Forever SA y la otra por estar vinculado como socio de L.A. Business SA.
Preocupación
Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), dijo a ABC Color que preocupa la medida de la Corte Suprema, por las implicancias que puede tener el ingreso de cualquier alimento sin control.
“La resolución judicial va en contra de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Nacional” afirmó Irala.
En ese sentido, el citado artículo señala que el Estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos, en todas sus etapas de producción, importación y comercialización.
Pone en peligro a los consumidores
Al menos nueve gremios que aglutinan a profesionales químicos en materia de alimentos dieron a conocer un comunicado rechazando la medida de la Corte Suprema de permitir que la empresa L.A. Business pueda importar productos alimenticios sin tener registro sanitario para el efecto.
Según estos profesionales, la exención del requisito de tener registro para importar estos productos pone en riesgo la salud de los consumidores. El documento señala que la medida de la Corte carece de argumentos jurídicos o técnicos que sustenten la medida y que viola la propia Constitución Nacional.