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Daniel Centurión argumenta en su proyecto que se debe promover la transparencia, la ética y la integridad en el servicio público. Indica también que se da más destaque a la idoneidad y, de esa manera, evitar que ingresen personas sin capacidad para estar en el cargo, como es el caso de varios recomendados de políticos que ingresan sin concurso a los cargos públicos.
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En el artículo 16 de la Ley 1626 se incluyen dos incisos, en especifico plantea que “los procesados por hecho público contra el patrimonio del Estado están inhabilitados para ingresar a la función pública, tampoco los que hayan obtenido la suspensión condicional del procedimiento, así como los condenamos a pena privativa de libertad o que se hayan acogido a la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por un tiempo igual al cuádruplo del plazo determinado por el marco penal establecido en la sentencia condenatoria, tratándose de hechos punibles cometidos en perjuicio de particulares”.
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