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La propuesta del presidente Santiago Peña (ANR-HC) de hacer una enmienda a la Constitución fue deslizada después de la reunión que tuvo con intendentes que cuestionaban el proyecto “Hambre Cero”, que pretendía despojar de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a las municipalidades y entregarlos al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), donde el jefe es Tadeo Rojas.
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Como los intendentes se levantaron contra el Gobierno por aquel planteamiento, Peña, para “calmar a las bases”, reculó en su intención de sacar el dinero del almuerzo escolar de las municipalidades y prometió impulsar una reforma tributaria para que el 100% del impuesto inmobiliario quede en las Comunas y ya no sean transferidas -en un 15%- al Ministerio de Economía, otros 15% a las gobernaciones y 1% a la Dirección de Catastro.
Informe al Congreso
El Ministerio de Economía, en su informe remitido al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka (ANR), dijo que las 263 municipalidades del país presupuestaron recaudar G. 562.651 millones en impuesto inmobiliario, pero se llegó a percibir G. 382.667 millones, lo que representa solo el 68 % de la meta global del 2023.
En ese contexto, hay municipalidades que apenas llegan al 7% de recaudación en impuesto inmobiliario, como la de Azotey (Concepción), que solo ingresó a sus arcas G. 98 millones, o la municipalidad de Belén, que llegó al 11% de lo que presupuestó y recaudó G. 72 millones (Ver info).
Asimismo, la Municipalidad de Ñumí (Guairá) recaudó en impuesto inmobiliario solo G. 19 millones y la de Primero de Marzo (Cordillera) recibió G. 21 millones durante el 2023, según los documentos remitidos al Congreso.
Esos datos fueron solicitados luego de que el presidente Santiago Peña prometiera a los intendentes impulsar un proyecto para que todo lo recaudado en impuesto inmobiliario quede en sus respectivos municipios. Si se analiza de manera global el dinero es ínfimo, por lo que varios sectores políticos sospechan que sería solo una “excusa” para instalar un plan de enmienda constitucional e introducir también la figura de la reelección.
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De los G. 382.667 millones que se recaudó en impuesto inmobiliario durante el 2023, las comunas transfirieron al Ministerio de Economía G. 54.998 millones y a sus respectivas gobernaciones G. 55.125 millones, dinero ese que Santiago Peña prometió dejar que los intendentes administren.
No es viable
Según varios constitucionalistas consultados respecto a lo citado, la única forma para que cada municipio se quede con el 100% de los impuestos inmobiliarios es a través de una reforma constitucional y no vía enmienda.
La Constitución Nacional exige un referéndum para las enmiendas y este procedimiento no se puede realizar para cuestiones tributarias o monetarias, según lo que se estipula en el artículo 122.