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La Junta Municipal de Encarnación, en la sesión ordinaria del miércoles, por mayoría aprobó el veto del intendente municipal Luis Yd (Alianza) el dictamen de rechazo emitido en diciembre del año 2023, que negaba el pedido de un crédito bancario de G. 50.000 millones y la emisión de bonos por la misma cantidad, para financiar seis proyectos del Plan de ordenamiento territorial Encarnación 2030.
En la sesión se presentaron tres dictámenes, con seis votos por la aprobación del veto, dos por el rechazo y cuatro por la improcedencia del veto.
Los ediles de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Andrés Morel, Eduardo Florentín, Eduardo Rebruk y Fredy Ortega, sostuvieron que el intendente municipal no puede vetar un rechazo a solicitudes de crédito, según refiere en la ley orgánica municipal.
Por su parte la bancada oficialista compuesta por los concejales Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa), Carlos Marino Fernández (PLRA), Gloria Arregui (PLRA), Zulma Memmel (Alianza), Natalia Enciso (PLRA) y Diego Aquino (ANR), refieren que con la aprobación del veto, queda autorizada la solicitud de créditos por los monto expuestos, para el pago de deudas anteriores y financiación de seis proyectos.
Inversión o endeudamiento
Los miembros de la bancada opositora al gobierno municipal de Yd, sostienen que la municipalidad acrecentará la deuda del municipio y que los proyectos no son sostenibles para cubrir los intereses que generarán.
El edil Andrés Morel expresó que es evidente una “intención del intendente de disponer estos recursos y que se vea el siguiente”. El es consciente de que no puede volver a candidatearse, expresó.
Del total del préstamo, en promedio 22.000 millones serán destinados a refinanciar la deuda anterior de la municipalidad, 30.000 millones en el transporte público municipal y el resto para financiar los cinco proyectos restantes.
Por su parte, el concejal Carlos Marino Fernández, expresó que los proyectos constituyen inversiones porque la mayoría de ellos tendrá un retorno económico a la municipalidad. Además sostuvo que existe una persecución de tipo “campaña” con tintes políticos, para trabar todas las iniciativas del ejecutivo municipal por parte de los ediles opositores.
Los proyectos aprobados
La iniciativa que encabeza el “combo” de medidas a ser aplicadas, es sin dudas el proyecto del transporte público municipal, que creará la empresa estatal que brindará el servicio. El sistema contará con una flota de 35 buses, de los cuales cinco serán eléctricos y operarán con una tarifa única de G. 5.600.
También el asfaltado de 200 cuadras de la ciudad, entre las que priorizan los itinerarios del trasporte público.
La tercera medida es la de la creación de bicisendas como alternativa de movilidad urbana en la ciudad. Otro de los proyectos es la construcción de un Centro de Convenciones para 1.000 personas, además de la edificación de un teatro municipal.
Por último, también está estipulado la actualización del catastro municipal.
Deuda histórica del transporte público
La comuna encarnacena tiene una deuda histórica con la ciudadanía encarnacena, que es la mejora del transporte público de pasajeros.
Los empresarios de transporte iniciaron desde hoy una regulada exigiendo el aumento del precio del boleto a G. 5.000 y 6.000. El precio actual regulado por la municipalidad es de G. 4.000 y 5.000 para itinerarios más extensos.
Según el concejal Fernández los transportistas no accedieron a requisitos que les solicitaron para negociar la tarifa, que es la aplicación de sistemas GPS en las unidades, para controlar el cumplimiento de los itinerarios.
Por su parte el edil Andrés Morel sostuvo que reconocen la realidad del deplorable estado del transporte público, pero entienden que con la tarifa actual y sin aportes o subsidios, los empresarios no pueden invertir en mejoras del servicio.
Además, refirió que el pésimo estado de los caminos hace que las unidades actuales se deterioren con el tiempo.