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En conversación con medios de comunicación este miércoles, antes de comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, la jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Lea Giménez, habló del plan “Hambre cero” presentado esta semana por el presidente Santiago Peña y negó que la decisión de despojar la administración de fondos de alimentación escolar a la Gobernación de Central haya sido tomada por “revanchismo político”.
La ministra Giménez fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso para explicar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que plantea modificar la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y crear un Fondo Nacional de Almuerzo Escolar que administre los fondos para la alimentación escolar, una atribución que actualmente es de las municipalidades y gobernaciones del país.
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Un punto del plan del Ejecutivo que ha causado polémica es la decisión de delegar en el Ministerio de Desarrollo Sostenible la potestad de gestionar la provisión de alimentos escolares en Asunción y los departamentos Central y Presidente Hayes.
El gobernador de Central, el liberal Ricardo Estigarribia, uno de solo dos jefes departamentales que no pertenecen al gobernante Partido Colorado, y otras voces de la oposición consideraron la decisión de quitar a la Gobernación de Central el manejo de la alimentación escolar como una muestra de “revanchismo político”.
La ministra Giménez negó que la decisión haya sido política, afirmando que se tomó en base a “criterios específicos que toman en cuenta la capacidad del Estado de prestar el servicio, la capacidad de control, de entrega, la demografía de cada departamento”.
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“No tiene nada que ver con revanchismo de ningún tipo”, subrayó.
Quieren que el Congreso trate el proyecto “en la brevedad posible”
Indicó que el plan del Gobierno de hacer llegar la alimentación escolar al cien por ciento de los estudiantes del sistema público paraguayo, cuyo número estimado es de 1,3 millones de alumnos, tendría un costo alrededor de los 300 millones de dólares.
Agregó que el Ministerio de Economía y Finanza analizará la posibilidad de conseguir recursos del Tesoro para dar continuidad a programas sociales “exitosos” que son financiados por Fonacide y se verían afectados si entra en vigencia el proyecto de ley del Ejecutivo.
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Finalmente, comentó que la intención del Poder Ejecutivo es que el proyecto de ley, que ya fue remitido a la Cámara de Diputados –actualmente en receso parlamentario– sea tratado “en la brevedad posible”.