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El presidente Santiago Peña (ANR-HC) defendió ayer su proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas” al afirmar que el “Fonacide fue un fracaso”. Habló de denuncias sobre el supuesto mal manejo de los fondos y que ello fue corroborado por la Contraloría General de la República (CGR).
Lo llamativo, sin embargo, es que en el plan el mandatario incluye a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para ser integrante del denominado Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae). Precisamente, esa criticada ONG tiene en su junta directiva a varias autoridades municipales cuestionadas en el uso del dinero del Fonacide.
Uno de los objetados es el intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, cartista), papá del imputado senador cartista Hernán David Rivas. Ese jefe municipal –representante del departamento de Itapúa en Opaci– había sido denunciado por 9 ediles municipales por el presunto mal uso de unos G. 2.000 millones, además por no justificar o rendir el uso de unos G. 7.000 millones de los recursos genuinos entre 2022 y 2023.
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Otra con rosario de denuncias en contra es la intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (PLRA). Ella actualmente es la vicepresidenta segunda de dicha ONG y en su comunidad arrecian reclamos por el mal estado de sus calles y manejos poco transparentes de millonarios recursos de royalties y Fonacide.
Aranda es esposa del actual diputado Marcelo Salinas (PLRA).
Otro integrante de la junta directiva de la Opaci con serios cuestionamientos es el intendente de Areguá, Humberto Denis Torres (ANR, cartista). Este jefe comunal que está en representación del Departamento Central había sido denunciado por los concejales liberales Luis Villalba y Gustavo Alfonzo por una supuesta lesión de confianza de G. 2.500 millones de los recursos municipales.
La otra integrante de la directiva de la ONG es la intendenta de Yegros, Claudia Yolanda Sosa de Dávalos (ANR, cartista). Sosa está como representante del departamento de Caazapá; es esposa del diputado colorado cartista Avelino Dávalos.
Dávalos había sido denunciado por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 192.187 millones cuando era gobernador de Caazapá (2013-2018). Los recursos eran de royalties y Fonacide.
Otros que están en la Opaci –cuyo actual presidente es el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR, cartista)– son Ricardo Núñez, concejal cartista de Villa Hayes e hijo del cuestionado exintendente de esa ciudad y expresidente de la Opaci, Ricardo Núñez; Miguel Olmedo, exintendente de Santa Elena y actual viceministro de Atención Integral de la Salud Pública, y Jorge “Turi” Capello Bernal, secretario privado de Santiago Peña y concejal con permiso de Asunción.
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Tanto de Olmedo como de Capello no se tienen datos de si renunciaron a esos puestos debido a que siguen apareciendo en la página web oficial de la Opaci.
Renunció a la Contraloría
El hurrero de la seccional colorada de Guarambaré Rodrigo Cabrera Ríos presentó su renuncia como funcionario de la Contraloría General del República (CGR) para no ser sometido a sumario que le fue abierto por haber activado en política contrariando el reglamento del organismo.
Rodrigo es hijo del intendente de Guarambaré y presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Óscar Cabrera. Aunque era funcionario de la CGR, estaba comisionado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a cargo de Orlando Arévalo (HC).
Su renuncia se produjo el lunes último, según el documento existente al respecto. Ese mismo día, la CGR dispuso el cese de su comisionamiento en el JEM.
El hijo del intendente consiguió su comisionamiento al JEM en septiembre último, por lo que su salario de G. 10.472.000 trepó a más de G. 16.000.000.
