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El Congreso Nacional, a cargo del cartista Silvio “Beto” Ovelar, adquirió 221 nuevos sillones para los legisladores, a un precio unitario de G. 5.700.000. El Observatorio Educativo hizo una comparación de costos y precisó que por cada asiento se podrían comprar 32 pupitres.
El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, nuevamente insistió en la necesidad de aumentar el presupuesto para su secretaría de Estado, durante un encuentro con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso.
Sin embargo, lejos de cuestionar la compra de los “sillones de oro” en el Congreso, refirió que la adquisición es parte de la autonomía presupuestaria del Legislativo. “El Estado no funciona así. Esa es una muy buena reflexión para el sector privado. El Estado tiene otros modelos de funcionamiento donde en cada poder tiene su dinámica, infraestructura, estructura de costos y realiza su plan operativo. No se puede mezclar una cosa con otra”, dijo.
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Pese a justificar la compra de los asientos, afirmó que “yo no estoy defendiendo ni atacando, solo estoy explicando cómo funciona el Estado”.
“No sé si es una contradicción” comprar sillones de oro y no pupitres
Al ser cuestionado que por el monto total desembolsado en los nuevos sillones de los legisladores se podrían adquirir alrededor de 7.072 pupitres para escuelas, insistió: “Es una comparación interesante, pero el Estado no funciona así”.
“El tema de pupitres estamos trabajando y vamos a resolver en Educación. Ya hicimos entregas importantes en algunas gobernaciones. En Guairá entregamos 7.000 mesas y sillas y vamos a seguir. Nuestro proyecto es que toda la educación media tenga pupitres 100% nuevos”, dijo.
Ramírez incluso mencionó que “no sé si es una contradicción” que el Parlamento destine G. 1.259.700.000 en asientos nuevos, mientras las escuelas están en pésimo estado, a un mes aproximadamente del arranque de las clases.
“Tenemos que darle más presupuesto a Educación, pero eso no va en detrimento de que otras instancias del Estado y el Gobierno necesiten también de su presupuesto para desarrollarse”, afirmó.
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No quiere solicitar redireccionamiento de presupuesto
Ramírez también resaltó que el MEC necesita de un aumento presupuestario anual de alrededor de US$ 600 millones.
En ese sentido, fue consultado si solicitaría el direccionamiento de fondos -de unos G. 3.000 millones- de los cuales el Congreso desistió para la ampliación de su estructura. Respondió: “El Estado no funciona así, no se puede, para eso hay un Presupuesto General de Gastos”.
Fue cuestionado sobre que otras instituciones, como el Ministerio de Justicia (MJ), solicitaron de urgencia una sesión extraordinaria a la Comisión Permanente del Congreso para que se apruebe un direccionamiento de fondos de otros entes para atender sus necesidades. “¿Por qué tengo que hacerlo si ya me dieron todo lo que pedí? Estamos construyendo, poniendo los pupitres y refaccionando las escuelas. Tenemos cinco meses. Vamos por parte, estamos trabajando y nos están dando el presupuesto”, respondió.
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“No es que me estoy conformando (con el presupuesto que le otorgaron); al contrario, estoy pidiendo y estamos haciendo crecer el presupuesto y la inversión. Hace falta US$ 1.000 millones y estamos en ese camino”, manifestó.
Comodidad de legisladores vs. equipamiento para estudiantes
El ministro de Educación, además, mencionó que no considera que haya prioridad de brindar comodidad a legisladores antes que dotar de equipamiento a los alumnos del sector público. “Yo no tengo ese análisis de que hay más prioridad. Yo le doy mi máxima prioridad a los niños (...) Yo no siento esa dinámica. ¿Quizás todavía nos falta? Sí, estamos cinco meses recién”, mencionó.
En otro momento, defendió la calidad de la educación pública, pues resaltó que “hay escuelas públicas muy top. Hay personas que salieron de escuelas públicas que están haciendo masterados y doctorados”.
Así también, volvió a justificar el alquiler millonario de más de 20 edificios para las actividades que desarrolla el MEC. Señaló que deben contar con espacios para sus más de 5.000 funcionarios.
Sobre la intención del Ejecutivo de modificar la ley de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para que quede bajo administración del Gobierno central, Ramírez manifestó que, a su criterio, estos recursos deben ser manejados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) con el acompañamiento de las gobernaciones y los municipios.