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El diputado por el Partido Encuentro Nacional (PEN) Raúl Benítez advirtió que la contratación del millonario servicio de seguro médico privado para funcionarios de la Cámara de Diputados, por hasta G. 15.289.800.000 (periodo 2024-2025), no solo es un “despilfarro” de dinero estatal, sino una “estafa” para el ciudadano y para el propio funcionario.
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“El único que sale ganando es del dueño del negocio”, acusó Benítez, ya que evidentemente “el ciudadano no sale ganando” y tampoco el funcionario de Diputados, “porque seguro tendrá su consultita de 15 minutos, pero cuando ocurra algo que implique un gasto mayor, no hay sector privado que aguante”.
El parlamentario enfatizó sobre la contradicción enorme que implica que el dinero de los contribuyentes –estos deben acudir al sistema deficiente de Salud Pública cuando lo necesitan– termine siendo usado para pagar un seguro privado para los funcionarios públicos en vez de fortalecer el sistema de salud pública y que este dé respuesta a ambos sectores.
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“Esto no es que se tiene que suspender, nunca debió haber nacido, esa es la realidad, nunca se debió haber planteado, se debieron fortalecer los hospitales, y lo sufrimos en pandemia, no puede ser que no hayamos aprendido”, reprochó el legislador.
Es por ello que insistió en que además de ser una “estafa” para el ciudadano, que paga sus impuestos; también lo es para el funcionario de Diputados, que en casos realmente graves igual seguramente terminará en el sector público, o peor aún, recurriendo al Instituto de Previsión Social (IPS).
“La pandemia nos demostró que si uno se enferma mal, si uno tiene un accidente; no hay seguro privado que nos aguante” y “cuando ocurre algo más complicado en Salud, se buscan camas en IPS, entonces personas que nunca aportaron –mediante medidas cautelares acceden a camas del IPS– y eso debilita aún más el sistema”, lamentó.
Aunque el seguro no abarca a los 80 diputados, varios de ellos, al meter a sus familiares en la plantilla indirectamente, se verán beneficiados con ese “seguro vip”.
Mismo seguro desde hace años
Según el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Asismed SA es la empresa adjudicada por la Cámara Baja de manera ininterrumpida al menos desde el año 2014.
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Como “gesto”, que apuntaba presumiblemente a una nueva renovación de contrato, instaló “sin costo adicional” a mediados de diciembre último, según el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), un consultorio en el subsuelo de la sede legislativa.
El nuevo contrato, adjudicado para los años 2024-2025, establece la cobertura de hasta a 1.499 funcionarios, lo que implicará un gasto de hasta G. 15.289.800.000.